El gobierno de Rodolfo Suarez ya tiene listo el proyecto de ley para descabezar el sistema conocido de “equiparación de magistrados” que funciona en el Poder Judicial; un esquema que depende de la Suprema Corte de Justicia y que les ha permitido a ciertos empleados cobrar como magistrados, sin serlo, además de contar con sus beneficios y acceder a sus privilegios, incluso, en algunos casos sin contar con título de grado.
Suarez, quien se ha ocupado personalmente de la redacción de los artículos que contiene el proyecto y de los alcances del mismo, quiere darlo a conocer en conferencia de prensa antes de que arranquen los actos y eventos públicos del fin de semana que se vinculan con la Fiesta de la Vendimia. Su entorno reconoce que a pocas cosas les ha prestado más atención en lo que va de su corta gestión que a este proyecto de ley.
“No sabíamos que existía tanto descontrol y desorden. A nosotros, como Poder Ejecutivo, el Judicial nos pide las partidas para su funcionamiento y no sabemos a ciencia cierta qué paga. Se nos dice: ‘Eso es de la partida de personal’. Ahora, con esto que ha tomado trascendencia pública, hemos tenido que buscar acordada por acordada, porque en ellas se ha mezclado este festival de equiparaciones a magistrados que son indignantes”, ha comentado Suarez entre algunos allegados del Gobierno, no precisamente vinculados a sus más cercanos o a lo que se conoce como el entorno.
El proyecto en sí apunta a prohibir por ley las equiparaciones de magistrados o a un cargo superior que se tiene en todo el Estado, con alcance para los tres poderes, de acuerdo con lo que ha trascendido de lo que ya se ha terminado de elaborar y que se encuentra a punto de conocer la luz. En lo que respecta particularmente a la Suprema Corte de Justicia, la nueva medida prevé intimarla a que en no más de 30 días desde la promulgación de la ley cese definitivamente el sistema de las equiparaciones.
De confirmarse esta decisión, todos aquellos funcionarios o empleados jerárquicos del Judicial que estén cobrando como magistrados sin serlo perderán el beneficio. Este último punto se tornaría en lo más trascendente, porque se especulaba con que la nueva ley no tendría efecto retroactivo.
En el Ejecutivo están convencidos de que las equiparaciones por acordadas que ha firmado y publicado la Corte desde varios años a esta parte no sólo han sido “inmorales, no éticas e injustas”, sino que también son inconstitucionales e ilegales.
Un primer recuento que ha hecho el propio Ejecutivo para la elaboración del borrador del proyecto da cuenta de que los equiparados a magistrados sumarían entre 78 y 82 casos. Dos estarían registrados en el Ministerio Público de la Defensa; alrededor de 20 o más, en el Ministerio Público Fiscal y 56 o más en los dominios de la Suprema Corte y que prestarían servicios repartidos entre los 7 integrantes del tribunal.
“Nadie puede cobrar un sueldo por un trabajo que no tiene relación con lo percibido. Lo contrario constituye un ardid y perjuicio al Estado”, escribió Suarez el martes, vía Twitter, en lo que se consideró el máximo de la escalada del conflicto que surgió en el Judicial cuando la Corte dispuso, en una medida cuestionada por inconsulta, entre otros aspectos, el traspaso de personal del fuero civil al de Familia para descongestionar el cúmulo de causas que han empujado casi al colapso a uno de los fueros más sensibles de todo el Judicial.
Lo que pareció una decisión pertinente y obvia se transformó en el motivo que ha hecho estallar un pase de facturas o revoleo de carpetazos casi sin precedentes en el Poder Judicial. Desde el fuero civil, molesto por ser afectado sin comunicación previa, comenzaron a ventilarse los casos del personal equiparado a magistrados al servicio de la Corte.
El que provocó la indignación y reacción de Suarez fue el de la secretaria del presidente del tribunal, Jorge Nanclares. Se trata de Elizabeth María Carbajal, quien percibe más de $406.000 netos, de bolsillo, mensuales. Otro caso resonante es el de Carlos Quiroga Nanclares, el sobrino del presidente. A ellos se suman varias decenas más, al servicio de la Corte, y otros cuantos que trabajan para la oficina de Derechos Humanos de la Corte.
Los sueldos de los equiparados van desde $250.000 hasta algunos que superan el medio millón. El proyecto de ley, además de buscar descabezar el sistema para que no exista más, apunta a que ningún agente del Estado cobre más que el gobernador, una suma inferior a $200.000 a valores actualizados al último mes.
De todas maneras, el proyecto, que evidentemente intenta ponerles un tope a los sueldos públicos –una vieja intención frustrada de gobiernos anteriores que está siendo discutida en los tribunales, incluso, en la Corte de Justicia nacional–, no puede tener injerencia en los haberes de los cargos constitucionales; aquellos que reciben el aval del Senado, como el de los propios magistrados; el asesor de Gobierno; los integrantes del Tribunal de Cuentas; el Superintendente de Irrigación y los consejeros del organismo, además del contador y el tesorero de la Provincia.