Mientras el Gobierno define los pasos a seguir con las distribuidoras eléctricas, en cuanto a la posibilidad de cambiarles sanciones por obras, las multas a las firmas no se detienen, tal como damos a conocer en esta edición, lo que evidencia que las deficiencias en la prestación del servicio siguen siendo una realidad.
Por eso, es fundamental agilizar las tareas oficiales y analizar a fondo el contexto pero también dimensionar el verdadero efecto que esto tendrá en la población, más allá de que la medida sea temporal.
Sin dudas que se necesitan trabajos en diferentes zonas de la provincia para que el servicio sea acorde a lo que se cobra. Pero, en la discusión tarifaria y de atrasos en los cuadros de costos no puede quedar desdibujada la figura central del consumidor y la necesidad de darles respuesta a sus reclamos. De esta manera, si el plan canje será la salida superadora, para momentos de crisis deberá existir un férreo control oficial para evitar que estos trabajos se dilaten en el tiempo. La respuesta a los usuarios, ya que, en instancias como estas, dejarán de percibir en sus facturas el proporcional de la sanción, deberá ser ejemplar, con una prestación del servicio óptima y de calidad, y con mayor inversión.
En este sentido, será clave el rol que juegue el ente regulador para pisarles los talones a las empresas y no permitirles atrasos. El éxito de las políticas de servicios públicos está en la vigilancia y en las exigencias. Caso contrario, todo se transforma en nuevos obstáculos difíciles de sortear y que entrampan el proceso de solución.