El pin parental se convirtió en el centro de la polémica sobre la educación en España, luego de que el partido Vox alentara una medida en la que los padres en Murcia pueden decidir sobre las materias que reciben sus hijos como contenido extracurricular.
Será obligado el consentimiento expreso de los progenitores y les concede el poder de vetar actividades y temas que consideran , “controvertidos”, especialmente en cuestiones de sexualidad, violencia de género o derechos LGTBI. Es una reivindicación por la que luchaba la Confederación de Padres de Centros Católicos que acusa al Estado de entrometerse en la educación de las familias.
Mientras tanto, el Gobierno va a recurrirlo donde se implante, aunque desde Vox sostienen que “los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos” y la organización Hazte Oír anuncia que denunciará a los directores de los colegios que lo “obstaculicen”.
Otros padres, sindicatos, estudiantes y asociaciones están movilizándose para protestar contra la herramienta, ya puesta en marcha en Murcia. En Andalucía y la Comunidad de Madrid también podría aplicarse.

El pin parental, tal y como lo plantea Vox, es una solicitud escrita que va a dirigida a los directores de los centros educativos en la que los padres piden que les informen previamente, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI, de tal forma que los progenitores puedan dar su consentimiento para que su hijo asista o no. Este partido considera que estos contenidos pueden ser “intrusivos” para la “conciencia” y la “intimidad” de los menores.
Desde el pasado mes de septiembre, está implantado en Murcia. En agosto, la Consejería de Educación, del PP, dictó una resolución con las instrucciones de comienzo de curso 2019/2020 en las que se establece que “se dará conocimiento a las familias” al comienzo de curso de “las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular” y son impartidas por personal ajeno al centro educativo “con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades”.

