“La cercanía de la ciudad de Mendoza genera una gran atracción sobre este ambiente y lo somete a una alta presión de uso, con acelerados procesos de deterioro evidenciados, fundamentalmente, por el avance de la desertificación. Entre los impactos y conflictos más importantes se encuentran, en primer lugar, la urbanización acelerada y no planificada. Esta se manifiesta no sólo en relación con los asentamientos espontáneos o marginales, sino también en los planificados desde el Estado (IPV, municipios) y en los nuevos asentamientos cerrados dirigidos a actores de alto nivel adquisitivo. Todos ellos se caracterizan por procesos de urbanización no adaptados al ambiente piedemontano, con alto impacto y degradación ambiental, mal uso de los escasos recursos de agua y suelo, destrucción de la vegetación natural, aceleración de la escorrentía y degradación del paisaje. A estos impactos generados por la urbanización se suman los incendios provocados por intención o por negligencia, la extracción irracional de áridos, los depósitos a cielo abierto de residuos sólidos urbanos y de escombros, las instalaciones de industrias contaminantes, actividades deportivas inadecuadas, y las deficiencias en la aplicación del marco que regulas las actividades y usos del suelo”.

Este último texto –entrecomillado y que sirve de encabezado para esta columna– está inserto en un extenso y detallado informe que los especialistas en desertificación y ordenamiento territorial Elena Abraham y Mario Salomón y el botánico y experto en Fitosociología Fidel Roig, los tres del Iadiza, elaboraron varios años atrás, en el 2004, sobre la situación del piedemonte mendocino y al que titularon “Planificación y gestión del piedemonte al oeste de la Ciudad de Mendoza. Un asunto pendiente”.

El trabajo, como todos aquellos que han sido elaborados por tales especialistas, cuenta con datos y detalles de un valor altamente estratégico y absolutamente necesario para cuando el objetivo es adentrarse en las particularidades que tiene una zona codiciada por ricos y pobres por igual y, por sobre todo, por el sector de los emprendimientos inmobiliarios y cazadores de negocios que siempre la han merodeado. Pero tiene un hallazgo desde el vamos, cuando en el título advierte de que se trata de “un asunto pendiente”. El artículo fue escrito en el 2004 y, todavía hoy, la dirigencia –la política y empresarial– se entretiene en supuestos sesudos y afiebrados debates que pocas veces han llegado a algo concreto, de fondo y estructural, y que más han parecido alimentar inquietos shows producidos y pensados para la tribuna.

Probablemente, el piedemonte haya sido uno de los ecosistemas más estudiados de la geografía mendocina; probablemente, haya sido también uno de los jurídicamente más escrutados, pero, a la vez, y muy probablemente, haya sido de los menos controlados por el Estado y donde esa ecuación, siempre bajo la lupa e integrada precisamente por el Estado, la política y el poder económico, más se haya desarrollado con intereses poco claros, más bien espurios y alejados de los del bien común.

Ahora, y por enésima vez, el Ejecutivo y la Legislatura vuelven a internarse en la misma discusión, que se ha mantenido por muchos años, al menos, desde los 80 a esta parte respecto de lo que se debe hacer y cómo en el famoso piedemonte mendocino. Es que el gobernador Rodolfo Suarez anunció el viernes 1 de mayo, ante la Asamblea Legislativa, que está elaborando un proyecto de ley para crear un área protegida –la número 20–, con el piedemonte y otro para delimitar las pautas que se deberán seguir de ahora en más para planificar y hacer sostenible y sustentable lo que se considera precisamente el piedemonte.

Las dudas vuelven a envolver la intención oficial. Desde Ambiente se ha reconocido que sobre el piedemonte “ya hay varias leyes y decretos”, de acuerdo con lo manifestado por el secretario Humberto Mingorance. También, el objetivo está envuelto en un nivel de incertidumbre notable por el resultado. Aunque poco se sabe de los proyectos, lo cierto es que necesitarán no sólo de un estudio pormenorizado de la situación, sino también de un apoyo político amplio que avale lo que se buscará como objetivo. El estudio a fondo, certero y sin fisuras, se impone porque la nueva figura legal se encontrará con varias decenas de dueños privados de las tierras del piedemonte. Se calcula, de acuerdo con la información oficial que ha comenzado a circular, que no son menos de cuarenta los propietarios de la zona a los que se tendrá que expropiar para llevar adelante la reserva y reconvertir el lugar en lo que ahora se pretende: un espacio de uso común, turístico, de esparcimiento y de deportes que no utilicen motor.

El piedemonte es esa “estrecha franja, no mayor de 15 a 20 kilómetros de ancho, que se extiende entre la vertiente oriental de las sierras y la llanura, aproximadamente entre los 1.500 y 80 metros sobre el nivel del mar. Constituye un ambiente frágil e inestable debido a sus grandes pendientes, lluvias estivales violentas y concentradas en sectores parciales de la cuenca, vegetación escasa y degradada, suelos no consolidados y acelerados procesos de erosión, principalmente hídrica”. Otra vez, una extraordinaria, y simple a la vez, descripción de Abraham, Roig y Salomón.