El oscuro negocio sindical y sus ramificaciones, ligados a la extorsión y el lavado de dinero, comienza a desandarse en la Justicia, en principio contra dirigentes poco conocidos, al menos en la provincia, pero que terminan revelando conexiones impensadas, como la inminente detención de un millonario empresario que desembarcó hace poco tiempo en Mendoza, acusado de ser testaferro de un gremialista. La vida de beneficios, lujos e impunidad parece haber sido una constante entre los líderes y sus laderos que deben su lugar a los trabajadores. De ahí la reacción del Gobierno nacional de destacar el accionar de los tribunales federales contra “cualquier movimiento mafioso”. Pues bien, es una posición que no puede quedar a mitad de camino. Es momento de actuar a fondo, sin miramientos, de transparentar una realidad que se profundizó durante décadas. De ahí la necesidad de que este primer paso sea el inicio de un proceso para caer con todo el peso de la ley sobre todos los que se enriquecieron a costa de la ciudadanía y de un Estado cómplice.