La crisis del coronavirus será tan profunda que, sólo en términos económicos, por caso, las secuelas del desastre acompañarán a los países por varios años. El 2020 para Mendoza, lejos está de pasar a la historia como un año perdido, lo que hubiese sido un alivio para muchos, pese a la contradicción. La debacle dejará consecuencias dramáticas, como aquellas que produce un vendaval horroroso de lluvia y piedra sobre los mantos de frutales y de vides, que requieren dos o tres cosechas más para recomponerse. Pero, para eso, mientras tanto, se debe obligadamente invertir en fertilizantes y en cuidados intensivos que sólo el tiempo permite recuperar.

Sólo un cálculo no demasiado sesudo, elaborado por un grupo de técnicos del gobierno de Rodolfo Suarez, evalúa que el impacto de la recaudación impositiva por el parate de toda la actividad podría llegar a ser del orden del 30 al 50 por ciento, haciendo peligrar el sostenimiento de los servicios esenciales. Claro que, además, y de agudizarse, la malaria podría extenderse y afectar, además, el pago de los salarios de los agentes públicos, un escenario fantasmagórico al que ningún jefe de gobierno de la provincia se ha querido enfrentar, claro está.

Suarez, en la Provincia, como lo ha hecho la Nación, se ha propuesto apuntar todo el poder del Estado, con los recursos que tiene, a hacerle frente a la pandemia. No tiene otra salida ni algo más importante: garantizar el servicio de salud y preparar el sistema para cuando llegue lo peor del contagio, en pocos días más. Desde ahora a ese momento, el objetivo es frenar la cantidad de casos, que la multiplicación de los mismos sea aplanada, que no produzca picos de crecimiento alarmantes y se pueda mantener una línea de casos controlada hasta que la tendencia en alza comience a aflojar. En eso está todo el mundo y en eso estamos todos.

Pero las consecuencias serán devastadoras, particularmente para las provincias. Ya un grupo de gobernadores trabaja en un planteo, que sería apoyado desde el Congreso, para que la Nación comience a idear un plan de salvataje extraordinario para los Estados en problemas. Mendoza está entre ellos, aunque en una situación media de dificultades. Arriba de nuestra provincia, con menos necesidades de asistencia, hay un lote casi exclusivo liderado por la CABA, al que también se suma Córdoba, San Luis y La Pampa, provincias sin endeudamiento grave o preocupante. El resto tendrá problemas severos y Mendoza no escapará de las dificultades.

La asistencia extra que se le pedirá a la Nación pasaría por una distribución mayor de los ingresos que recibe por los derechos de exportación de la soja. El radicalismo ha precisado, en un cálculo, que la Nación debiese reservar un 30 por ciento de lo recaudado por la exportación de la soja y repartirlo entre las provincias bajo la figura de los adelantos del Tesoro nacional (ATN) y con los criterios de la coparticipación federal de impuestos. Tampoco se descarta que la asistencia se genere ordenando una emisión extra de papel moneda, una facultad única del Estado nacional, pero con perjuicios a futuro casi imposibles de dimensionar en materia fiscal e inflacionarios. Una historia que se deberá atender para cuando pase la hecatombe sanitaria global.

Los sectores que preocupan son, claramente, el informal, el empleo en negro, el más afectado de todos. En Mendoza, se cree, que el peón de taxis y los jóvenes empleados en los establecimientos gastronómicos, sin estar registrados, han sido las primeras víctimas. Por supuesto que ha caído el consumo en general, con la excepción, temporal, se estima, del sector supermercadista, la industria de los alimentos y el farmacéutico, que han tenido ventas extraordinarias que se registrarán hasta que la gente se stockee.

El flujo de caja de las empresas se verá aún más resentido de lo que ya viene. Al derrumbarse el consumo hay también menor recaudación del IVA y puede que, en breve, se produzcan episodios de rompimiento de la cadena de pagos. Un cálculo del Ieral, publicado el fin de semana en Los Andes, da cuenta de que la cuarentena obligatoria le significaría a Mendoza una pérdida de unos 1.000 millones de pesos por día al caer la actividad económica de las empresas, unos 17 millones de dólares diarios de un total del PBG, calculado en 16.500 millones de dólares con datos del año pasado.

A mediano plazo, en el Gobierno esperan una menor producción de riqueza, una caída del empleo, un menor flujo de actividad de la metalmecánica –tan influyente por la vitivinicultura–, menos consumo, por ende, menos ventas y menos plata. Un escenario oscuro y muy complicado. De ahí que la vista de las gobernaciones comienza a posarse en la Nación y en su capacidad de ayuda bajo la figura de más emisión de dinero y con nuevas líneas de crédito para hacer frente al desastre que ya se tiene encima.