El proyecto de Ley de Góndolas, que será tratado en sesiones extraordinarias en el Senado los primeros días de febrero, es una de las grandes apuestas del gobierno nacional para intentar ponerle un freno a la inflación.

La iniciativa, que incluye supermercados e hipermercados que cuenten con más de 50 bocas de expendio en todo el país y ya consiguió la media sanción en noviembre pasado, busca regular qué porción de las góndolas puede ser ocupada por un mismo producto o proveedor, con el objetivo de pisar los precios a fuerza de competencia. 

El proyecto también es una de las principales cartas de la Casa Rosada a la hora de sentar a negociar a los grandes comercios. El propio presidente Alberto Fernández confirmó que, entre otros motivos, impulsa la ley de góndolas” para que algunos empresarios que actúan “con irresponsabilidad” dejen de “jugar con los precios de productos de la canasta básica”.

Las clave del proyecto

  • Establece que en las categorías alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador las marcas de un mismo grupo económico no podrán ocupar más del 40% de la góndola en el primer año de implementación de la medida, y no más del 30% a partir del segundo año.
  • El objetivo es fomentar la competencia, permitir el ingreso de nuevas marcas y en consecuencia lograr una diversidad y baja de precios en beneficio del consumidor, explicaron fuentes parlamentarias y oficiales.
  • Determina que el plazo máximo de pagos de 90 días y que los proveedores podrán aplicar intereses en caso de pagos realizados fuera de término.
  • Fija que los supermercados no podrán exigirle a los proveedores aportes o adelantos financieros por ningún motivo, ni podrán aplicar a los proveedores retenciones económicas o débitos unilaterales.
  • En la negociación contractual no podrá oponerse como condición la comercialización de productos de terceros, la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión, ni ninguna otra práctica contraria a la competencia.
  • Los establecimientos deberán garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular.
  • La normativa, que deberá implementarse en un plazo de 60 días en caso de ser aprobada en el Senado, alcanzaría a trece empresas que facturan $1.700 millones al año y comprenden el 26% de la cadena comercial del país.
  • Los almacenes, autoservicios chinos y kioscos – canales de venta que concentran alrededor de 70% de las ventas minoristas-, quedarán excluidos.

Críticas 

Las empresas del sector se quejan por los costos que se generarían en la aplicación de la ley. Además aseguran que la mayor parte de los comercios no quedaría sometido a estas nuevas normas y que no en todos los productos existe variedad suficiente como para alcanzar los estándares que fija el proyecto.

La Cámara de Comercio americana (Amcham), puso en números su rechazo al proyecto:

  • Aumentos de costos laborales en la cadena de comercialización del 20%
  • Pérdida de entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo en el sector por por caída de rentabilidad
  • Aumento de precios de venta final al público por traslado de costo incremental del 10% al 12%