Las calles rotas no son una mera cuestión vinculada con el tránsito vehicular o con el cuidado mecánico de un auto. Si bien es cierto que existe la obligación por parte de los Estados provinciales y municipales de garantizar arterias en condiciones para circular, hay un aspecto que se está poniendo peligrosamente en evidencia.
La cantidad de pozos –al margen de las causas que los originan, y la permanencia de esas roturas en el tiempo– reflejan la incapacidad por parte de las autoridades para cumplir con un servicio que debería ser básico. En parte, por falta de presupuesto; en parte, por desidia de los responsables.
Como sea, está claro que recorrer las calles del Gran Mendoza devuelve la sensación de abandono de gestión. Y, en este punto, ninguna comuna puede salvarse sola. Es una situación que se generalizó, que marca un antecedente peligroso en medio de una crisis social y económica como la que atraviesa el país y de la cual la provincia no es ajena. Sin embargo, está a tiempo de evitar las postales que llegan de zonas violentas como el conurbano bonaerense.
Las calles son el corazón del espacio público. A partir de allí, las plazas, los parques, el estado de las veredas invitan y comprometen a los vecinos para su cuidado.
Frente a recursos escasos y sin posibilidad de inversión en obra pública, es ahí donde hay que apuntar lo poco que haya. De lo contrario, se corre el riesgo de sufrir un daño estructural, que va más allá del pavimento. Es la ausencia del Estado; es el abandono de la política como herramienta para mejorar condiciones de vida.
Con muy poco se puede conseguir, por ejemplo, que alguien esté orgulloso de su barrio; que lo cuide y lo proteja. Que no se transforme en tierra de nadie.