El mismo cuerpo legislativo que habilitó la Ley 9.209, norma que generó una gran resistencia en la ciudadanía de Mendoza, tratará este lunes su derogación y el restablecimiento de la Ley 7.722, que por doce años prohibió el uso de sustancias de alta toxicidad para la extracción minera.

El viernes, luego de una reunión que encabezó el gobernador Rodolfo Suarez con los intendentes, el mandatario consensuó enviar una nueva ley para la derogación de la 9.209.

Esa misma tarde y luego de varias horas en las que se analizó el panorama adverso para implementar la minería en Mendoza, firmó el proyecto que se presentará en las próximas horas para dejarlo sin efecto.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo sostiene: “Que con fecha 20 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley Nº 9.209, modificatoria de la Ley 7.722, que dicha sanción motivó diversos reclamos sectoriales de la sociedad provincial”

Y agrega: “Que atento a los reclamos con el paso del tiempo se han incrementado, no obstante la convocatoria al diálogo efectuada por el Poder Ejecutivo de la provincia y teniendo en cuenta que es el deber de las autoridades adoptar todas las medidas tendientes a conservar la paz social, en el proyecto que se adjunta se propone la derogación de Ley 9.209 y el restablecimiento de la Ley 7.722”.

El proyecto se compone de tan sólo tres artículos, donde se menciona la derogación de la Ley 9.209 y el restablecimiento de la norma que se modificó y que entra en vigencia, al mismo momento de su sanción.

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El nuevo texto será analizado en una sesión extraordinaria que comenzará a partir de las 9, primero por el Senado y después, cerca del mediodía,  se hará lo propio en la Cámara de Diputados, según  informaron fuentes de la Legislatura provincial.

El texto completo

Modificación de La Ley 9.209 by Melisa Stopansky on Scribd

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Como consecuencia de la presión social que tuvo repercusiones a nivel nacional e internacional, el gobernador Suarez convocó a los intendentes para analizar el futuro de la 9.209.

Después de varias horas de deliberación, el mandatario concluyó que lo mejor era dejar sin efecto los cambios y retrotraer el marco jurídico a lo que marcaba la Ley 7.722.

Suarez admitió que la convocatoria al diálogo social, de la que participaron las iglesias de Mendoza, como la Comisión de las Reinas de la Vendimia, no había sido suficiente como para proseguir con la nueva legislación.

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Mientras avanzaba la agenda de los encuentros, distintos departamentos se iban bajando de los festejos del calendario de Vendimia, lo que agravó aún más el contexto.

“La licencia social no existe en la provincia de Mendoza”, afirmó el ex intendente de Ciudad, en una conferencia de prensa en donde se comunicó al pueblo mendocino lo resuelto.

Y agregó que también se dijo durante la campaña que “este gobierno iba a ser de puertas abiertas y que iba a escuchar a los mendocinos”. 

Por último, reconoció a su vez que “no dimensionamos” cómo creció la protesta social, pese a que este proyecto había estado dentro de su plataforma electoral.

Malargüe pedirá ser excluido de la derogación

Si bien la posibilidad de que Mendoza se inscriba como una provincia minera quedó desechada, tanto integrantes de la Cámara de Comercio de Malargüe, como el propio intendente Juan Manuel Ojeda asistirán a la Casa de las Leyes para que de la derogación de la 9.209 quede exceptuado el departamento sureño y se le permita hacer minería.

El sector había presionado el viernes para que se pusiera en marcha la legislación y si ello no ocurría a la mayor brevedad posible, se iba a parar el abastecimiento de combustible en la provincia.

También el sábado, hubo interrupciones en la Ruta 40 en repudio a la derogación de la norma.

Ojeda adelantó que solicitarán que a Malargüe se le permita desarrollarse en esta actividad ya que no tomarán partido en lo que pase en el resto de la provincia.