El Poder Judicial es un universo aparte en el Estado provincial con sus propias leyes. Suele ser tildado de ser el más conservador y, aunque quede bajo la mira ciudadana, como no está sujeto a la aprobación de los otros dos, el Ejecutivo y el Legislativo, muestra un poco más de desapego en sus decisiones. Incluso, en aquellas que suelen ir a contramano de lo que sociedad está viviendo.
Sucedió nuevamente con el aumento que se concedió a magistrados y a funcionarios equiparados, pero más que nada porque es retroactivo a los últimos meses de 2020. Todo un privilegio, considerando que ningún empleado público mendocino logró, durante el año de la pandemia, una actualización de haberes por paritarias y perdió contra la inflación. Hablamos de un poder que se arroga ciertas virtudes que otros funcionarios del Estado no tienen: la mayoría está exento de pagar el impuesto a las Ganancias.
Los jueces provinciales mantienen un estilo de vida que ha llegado a ser complemente distorsionado con la realidad. Con esos salarios, viven en otro mundo que los aleja de situaciones que son del común de los ciudadanos. Al punto tal que han llegado a perder el foco en relación a la vida de los justiciables.