Cuando comenzaba a entregar signos de recuperación, Impsa, una de las empresas más importantes de la historia de Mendoza, sufrió otro duro golpe al quedar salpicada en una investigación judicial por el presunto pago de coimas millonarias en el país.
Se trata de un nuevo problema para una firma reconocida a nivel mundial que atravesó en los últimos años momentos críticos. Tanto que hace pocos meses la familia Pescarmona perdió el control accionario y la empresa tuvo que cambiar de nombre. Si bien es sólo una modificación sutil de denominación, sirve para entender lo que pasó y pasa en Impsa.
Las sospechas que caen sobre uno de sus principales ejecutivos, con pedido de captura por participar supuestamente en un circuito de coimas millonarias durante la gestión kirchnerista, son los síntomas más visibles del conflicto que complica el “renacimiento” de Impsa.
El silencio de Impsa por la situación judicial de Francisco Valenti, exvicepresidente y actual miembro del directorio, es proporcional a la preocupación en el seno de una empresa que busca resurgir, ya sin Enrique Pescarmona a la cabeza. Pero lógicamente que el nombre de una figura clave en su estructura aparezca en las precisas anotaciones del chofer de un exfuncionario nacional, que destaparon un escándalo histórico, atentan contra ese objetivo.
Del auge a la crisis
En la década del 70 Impsa comenzó un proceso de innovación y desarrollo tecnológico que la transformó en líder en generación hidroeléctrica en el país. En los años 80 siguió creciendo y se convirtió en referente mundial en construcción de grúas portuarias. Ya en los 90 se consolidó como desarrollador de proyectos hidroeléctricos y construyó una de las obra más importante del siglo XX en Mendoza: el dique Potrerillos.
Ese momento de auge continuó durante la primera etapa del kirchnerismo, cuando el propio Pescarmona agradecía la ayuda para abrir puertas en países “amigos” y en noviembre de 2005 aseguraba: “Me va bien porque el Gobierno me ha ayudado en Venezuela”.
Pero luego comenzaron los problemas y siguieron años para nada sencillos para la empresa. Malas decisiones, inversiones arriesgadas y deudas de clientes (justamente del gobierno venezolano) conformaron un combo que estuvieron a punto de llevarla a quiebra.
Así las cosas, mientras la revista Forbes ubicaba a Pescarmona como uno de los 40 empresarios más ricos del país (ocupaba en diciembre de 2013 el lugar número 38 del listado, con un patrimonio de 320 millones de dólares), aumentaban la presión y el lobby de Impsa para que el gobierno provincial y de la Nación la auxiliaran económicamente.
La deuda crecía como una bola de nieve y la firma entró en default. En 2014 pidió acogerse al procedimiento preventivo de empresa en crisis, que se aplica en una instancia previa a efectivizar suspensiones o despidos, y la Casa Rosada tuvo que salir de nuevo a apagar un incendio, otorgándole planes REPRO (Recuperación Productiva) para subsidiar con $2.000 al mes los salarios de los trabajadores.
Pero para poder recibir esa asistencia financiera Impsa tuvo que “regresar” a Mendoza. Es que tanto la compañía como su sociedad controlante, Venti, estaban radicada legalmente en Luxemburgo, un pequeño país europeo que también es un paraíso fiscal y financiero.
La salida de Pescarmona
La empresa tuvo que encarar una profunda negociación con sus acreedores y reestructurar su deuda, que superaba los 1.200 millones de dólares. A fines de 2016, cuando Impsa era noticia por esta compleja operación financiera, Pescarmona lo era por polémicas declaraciones: “Las chicas de 14 años se embarazan para cobrar un mango”, dijo durante un encuentro organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Las fuertes críticas lo obligaron a pedir disculpas y explicar que se trató de un “error comunicacional”.
El proceso de reestructuración que realizó Impsa en el marco del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) implicó para Pescarmona perder el control (tuvo que resignar el 65% de las acciones) luego de 53 años ininterrumpidos al frente del holding creado por su abuelo en 1907, y aceptar una gran cantidad de condicionamientos. Para lograrlo, de nuevo, fue clave la ayuda del gobierno nacional.
Además de la salida de Pescarmona, otra de las consecuencias de la tormenta financiera fue el cambio de nombre de la firma. Sutil pero simbólico. “El día 27 de abril de 2018, como consecuencia de la modificación de su estatuto la compañía modifica su denominación social, la que quedará bajo el nombre de ‘IMPSA’ (en lugar de su anterior denominación INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA ‘IMPSA’ SAICF) como resultado del inicio del proceso de cierre de la reestructuración financiera de la compañía”, confirma la propia empresa en su sitio web.
Y ahora, cuando parecía que finalmente la calma llegaba e Impsa intentaba relanzarse apuntando a las energías renovables, apareció un conflicto judicial que amenaza con convertirse en un gran problema para una empresa que históricamente fue sinónimo de innovación y orgullo mendocino. Ahora, tal vez, habrá que buscar nuevas palabras para definirla.