El nombre de Elizabeth Carbajal volvió a escucharse estos días en los pasillos del Poder Judicial. La mujer en cuestión, secretaria privada del extitular de la Corte, Jorge Nanclares, saltó a la fama y generó polémica el año pasado por ser equiparada a magistrada con un sueldo que ronda los $400 mil- sin ser jueza- y con el beneficio de no aportar al Impuesto a las Ganancias.
Ahora, a través de la acordada Nº 29.878 se le otorgaron nuevas funciones por lo que estará a cargo de los asuntos de la Secretaría Administrativa de la Suprema Corte. Desde febrero será la responsable del proyecto de reorganización de las áreas administrativas manteniendo su actual situación de revista.
En cuanto a la nueva función, Carbajal tendrá 45 días para analizar y proponer un organigrama actualizado de las funciones asignadas a la Secretaría Administrativa, junto con las demás dependencias del área de superintendencia del Poder Judicial.
El caso de la funcionaria despertó el enojo del gobernador Rodolfo Suarez que le puso fin a la figura de equiparados a magistrados a través de la Ley Nº 9.230, sancionada en el primer semestre de su gestión.
Desde el entorno de la exsecretaria de Nanclares, aseguran que pese a los cuestionamientos por su salario y funciones, la mujer no sufrió el hostigamiento que vivieron a diario otros que estaban en su misma condición que denunciaron persecución política. Sin embargo, el cambio de función representará un alivio teniendo en cuenta la dimensión que tomó su caso en el último año provocando un gran “desgaste emocional”.
Lo cierto es que según trascendió- con esta movida se abren las puertas para que ese puesto clave sea ocupado por algún elegido o elegida del presidente de la Corte, Dalmiro Garay.
De hecho, la ley Nº 9.230 autoriza al presidente del máximo tribunal a conformar un gabinete, por lo que tiene la potestad para buscar un reemplazo que no necesariamente debe ser un empleado del Poder Judicial.
Según pudo saberse, el presidente del máximo tribunal busca reforzar su círculo de confianza y estaría pensando en una de sus colaboradoras que trabajó junto a él cuando se desempeñó como ministro de Gobierno durante el gobierno de Alfredo Cornejo.
Para evitar la controversia la norma aclara: “Este personal temporario cesará en sus funciones al término del mandato del Presidente de la Suprema Corte de Justicia en cuyo gabinete se desempeñe”.
Además, no podrán percibir “ningún suplemento, adicional ni otro emolumento mensual, cualquiera sea la denominación”, añade la legislación.
Cautelados
Mientras tanto, los 22 equiparados a magistrados que realizaron el reclamo en la Justicia seguirán cobrando como jueces tras la resolución de la Sala II que dio lugar a la medida cautelar presentada. Hasta el momento no hay una fecha definida para resolver la cuestión de fondo.
Ver también: Los 22 empleados judiciales que seguirán cobrando como jueces
