“El beneficio que consigan las distribuidoras no será para ellas, será para los usuarios”, afirmó el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, al aclarar los alcances de la resolución 146 del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), que convoca a la audiencia pública para debatir un potencial aumento en la tarifa de la luz en Mendoza.

En ese encuentro virtual, que se realizará el 11 de diciembre, se analizará no sólo la adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD), el ítem de la tarifa eléctrica que define el gobierno provincial. También se estudiarán tres propuestas  elevadas por Mema: 

  • El “plan canje” de multas por obras.
  • El incremento del 5 al 7,5% de la Contribución para la Compensación de Costos eléctricos (CCCE) para fortalecer el programa de Tarifa Social.
  • Los ingresos no percibidos por las eléctricas.

Ese último punto generó dudas. “Para atender este ítem se tomará en cuenta el beneficio financiero que logre la Distribuidora en los términos del Art. 87 del Presupuesto Nacional, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. El saldo quedará condicionado a la consideración de oportunidad y conveniencia del poder Concedente para su traslado a tarifa“, señala la resolución del EPRE. 

Ese artículo 87 establece importantes facilidades para que las distribuidoras se pongan al día con Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico nacional que les vende la energía.

Ver también: Convocan a la audiencia pública por el aumento de la luz

Se trata de una moratoria con facilidades de pago y tasas de interés inferiores a las de mercado. “El régimen de regularización de obligaciones deberá establecer criterios diferenciados para lo cual deberá considerar origen y trayectoria de la deuda de cada una de las distribuidoras, la situación social media de sus usuarias y usuarios y priorizar la obtención de un grado equivalente de desarrollo entre regiones, provincias y municipios y el mejor impacto en el servicio público”, dice el proyecto que tiene media sanción de Diputados y será aprobado en el Senado de la Nación.

No es un dato ni un monto menor: por ejemplo Edemsa, la principal distribuidora eléctrica de la provincia, le debía a Cammesa a fines de septiembre $8.176 millones.

Contra la “discrecionalidad” de la Nación

Mema cuestiona ese artículo ya que considera que le permite a la Secretaría de Energía de la Nación acordar de manera discrecional, sin parámetros objetivos, con cada distribuidora.

Por eso advirtió que “el beneficio que consigan las distribuidoras no será para ellas, será para los usuarios”. En este sentido, el gobierno provincial busca herramientas legales para que el “ahorro” que logren las empresas a partir del artículo 87 del presupuesto nacional se traslade directa y proporcionalmente a las boletas de los clientes mendocinos. Así, el impacto del aumento tarifario esperado para el próximo año no sería tan duro.

En el Ejecutivo analizan con cuidado los pasos que dan en su relación zigzagueante con las distribuidoras, principalmente con Edemsa. “Judicializa todo”, describió una fuente oficial que sigue de cerca las negociaciones con la empresa del grupo Vila-Manzano. “Tenemos que cuidarnos, la batalla la tenemos que dar en la Justicia”, agregó.

De esta manera, en el análisis de la adecuación del VAD, la administración de Rodolfo Suarez tendrá en cuenta el auxilio financiero que el gobierno nacional otorgará a las distribuidoras mendocinas que tienen deudas con Cammesa. El objetivo es que “ese beneficio vaya a favor de la tarifa y llegue al usuario”, insistió Mema.