La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una resolución que solicita al Ministerio Público Fiscal información detallada sobre el expediente que investiga la supuesta estafa por parte de Fecovita en perjuicio al grupo empresario de capitales eslovacos-españoles Evisa, radicado en la Fiscalía de Delitos Económicos Nº 7, a cargo del fiscal Juan Tichelli. Por su parte, la firma denunciante aseguró que el Poder Legislativo está violando la división de poderes.
En medio de un intenso lobby y presiones, la Legislatura respaldó a Rubén Ariel Panella, Jorge David Irañeta, Juan Ángel Rodríguez, actuales directivos, y a Eduardo Sancho, ex titular de la entidad, que están imputados en la causa. Sin embargo, la Justicia provincial tiene la potestad de responder o no a un reclamo político.
A través de la iniciativa, impulsada por la comisión de Derechos y Garantías, la Legislatura pidió información sobre el estado actual de la causa y las acciones judiciales en curso.
El diputado Miguel Ronco (UCR) también salió en defensa de Fecovita, remarcando que la cooperativa permitió a muchos pequeños productores acceder a mercados internacionales y salir de situaciones de pobreza. “Con una quiebra de esta cooperativa estaríamos ante un caos”, advirtió, y recordó que Fecovita forma parte del top ten mundial del sector vitivinícola, con más de 1.200 clientes estratégicos y acuerdos comerciales con más de 40 países.
Por su parte, la diputada del Frente Renovador Gabriela Lizana llamó a cuidar el sistema de comercialización cooperativo y a preservar el precio justo para los productores. Al mismo tiempo sostuvo que, si hubo irregularidades deben ser sancionadas, pero sin dañar el entramado económico provincial. “La caída de Fecovita afectará a toda la economía de Mendoza”, expresó.
El legislador del bloque justicialista José Luis Ramón subrayó que se trata de una organización que reúne a 5.000 productores y que opera con mecanismos de auditoría permanente.
“El objetivo del pedido es decirle a los fiscales que paren la mano, porque es un conflicto comercial que quieren transformar en penal. Uno de los presidentes de estas empresas está siendo investigado por estafas en San Juan. En San Martín ocurrió un caso similar, donde una empresa de este grupo intentó realizar una maniobra de las mismas características en contra de la bodega Galán”, indicó Ramón.
La réplica de Iberte
Por su parte, representantes de la firma Iberte denunciaron que el pedido de informes de la Comisión legislativa ya había sido “evacuado de manera completa y documentada hace meses de dos meses” por parte del Ministerio Público Fiscal.
Por otro, consideraron que la reiteración del pedido “obedece a presiones ejercidas por los imputados” de la cooperativa “con la clara intención de coaccionar a los fiscales” que los investigan.
Para la empresa, la intervención de los diputados de Derechos y Garantías se ampara en “una denuncia sin sustento legal” presentada por Osvaldo Coll, quien dijo actuar bajo instrucciones de Fecovita. Con todo, Iberte consideró que mno hay pruebas sobre una presunta violación al debido proceso que esgrimieron los empresarios mendocinos imputados.
Así, consideran que el accionar de la comisión “pone en riesgo la división de poderes y podría constituir una intromisión del Poder Legislativo en el accionar del Poder Judicial”.
El caso
La denuncia fue presentada por el empresario español Juan José Retamero, quien asegura haber transferido cerca de 32 millones de dólares por vino que nunca recibió, en el marco de una operación de exportación frustrada. El caso, que involucra además a la firma Evisa, derivó en una causa por estafa y fraude que se tramita desde 2022 en la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza.
Según la presentación judicial, Retamero acordó en 2021 la compra de grandes volúmenes de vino a Fecovita, con destino al mercado europeo, particularmente a países del Este.
La operación fue canalizada a través de Evisa, una sociedad creada a sugerencia de la propia Fecovita, en la que la cooperativa retendría el 51% del capital. Retamero transfirió los fondos a Evisa, que a su vez los derivó a las cuentas de Fecovita. La bodega mendocina, sin embargo, nunca entregó el producto ni incorporó los activos comprometidos, como la bodega Resero de San Juan, denunció el empresario.
El conflicto escaló al punto que la empresa denunciante solicitó sin éxito la quiebra de Fecovita, al tiempo que acusó a sus directivos de haber adulterado los balances de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, con el presunto objetivo de engañar a los 5.000 productores asociados a través de las 29 cooperativas que integran la federación.
Según consta en la denuncia, el dinero aportado habría sido utilizado por Fecovita como un financiamiento encubierto, sin intereses, para afrontar gastos de cosecha, lo que fue comunicado internamente como un logro del directorio.
Desde Fecovita niegan rotundamente las acusaciones. En un comunicado difundido hace un año, la empresa defendió la legitimidad de sus actos y cuestionó la conducta de Retamero, a quien vincularon con antecedentes de litigios similares con otras compañías argentinas del sector. “¿Es un modus operandi o es un ingenuo y todos lo quieren estafar? No es muy difícil saber cuál es la respuesta”, señalaron desde la firma.