Este martes tuvo un nuevo capítulo la postulación de Teresa Day para ocupar un lugar en la Suprema Corte. Tras el pedido de declaración de certeza y la medida cautelar que presentó la oposición cuestionando a la candidata, la Sala II había convocado a una audiencia de conciliación. Sin embargo, ese encuentro fracasó porque los representantes del Gobierno se ausentaron.

Pese al bloqueo de la postulación en la que insiste la oposición, se espera que el miércoles se lleve adelante la audiencia pública virtual con la coordinadora del Ministerio Público Fiscal.

La Sala II está integrada por los jueces Omar Palermo, Mario Adaro, y José Valerio. Los dos primeros son de inclinación peronista, mientras que el tercero, afín al oficialismo, no participó de la audiencia por estar en aislamiento, ya que es grupo de riesgo.

Escenarios

El Gobierno considera que la Suprema Corte no tiene “competencia ni jurisdicción” para actuar en este caso, por lo que señalan que es “inoficiosa” cualquier medida que dictaminen. Es por eso que el pliego seguirá su curso, con la audiencia pública de por medio, y se espera que sea tratado el próximo martes en el Senado.

De hecho, el mismo gobernador Rodolfo Suarez también se refirió a la falta de competencia del máximo tribunal.

“La competencia es del gobernador que propone y el Senado que aprueba. Las cosas se debaten en donde hay que debatirlas”, apuntaron desde el oficialismo.

Mientras tanto, se plantean diversos escenarios en torno a la medida cautelar planteada por la oposición. Por un lado, el vicegobernador, Mario Abed, pidió la recusación de todos los miembros de la Corte en general y también se recusó específicamente a Palermo y a Adaro. Esto porque consideran que no tienen “competencia” para actuar en esta etapa.

Por su parte, el PJ presentó este martes un pedido de recusación de Valerio por haber realizado declaraciones públicas favorables a Day.

A pesar de los planteos, la postura del Ejecutivo hace hincapié en el artículo 43 de la Constitución donde, una vez votada, aprobada y nombrada Day en la Corte, recién en esa instancia si alguien considera que no se cumplen las condiciones, pueden solicitar la nulidad. Mientras tanto, el máximo tribunal “no tiene competencia”.

Sin embargo, los tiempos apremian y para responder los pedidos de recusaciones cada juez de la Corte tiene tres días hábiles por lo que habrá que ver cuánto se toman en dar una respuesta.

Entre las hipótesis que se barajan está la opción de que el máximo tribunal considere que no es pertinente la medida cautelar en esta etapa y el Ejecutivo tendrá 20 días para contestar. Otro escenario es que no acepten la recusación y, por último, también pueden sacar una orden pidiendo suspender la sesión.

De todos modos, el Gobierno no tiene previsto dar marcha atrás en la sesión de acuerdo prevista para votar el pliego y como antecedente citan un fallo del año 2009 -en la época de la gobernación de Celso Jaque- donde ocurrió un conflicto similar y la Corte terminó dando la razón al Senado, señalando que no era pertinente intervenir en esa etapa del tratamiento.

Según estiman desde la Cámara de Senadores, la Sala II tendría que dar una respuesta a los planteos entre el jueves o viernes de esta semana.

Enojo

Desde su postulación, las fuerzas opositoras consideran que Day no cumple con los requisitos técnicos que fija la Constitución Provincial para convertirse en ministra de la Corte en reemplazo del renunciante Jorge Nanclares.

En concreto, la cuestionan por no cumplir con los 10 años de ejercicio de la abogacía, entre otras cosas. Es por eso que presentaron una declaración de certeza para conocer si la coordinadora del Ministerio Público Fiscal está conforme a derecho para su designación, a la que luego se le sumó una acción de inconstitucionalidad presentada por organismos de Derechos Humanos.

Tras el fracaso de la audiencia de conciliación, el arco opositor mostró su malestar ya que busca bloquear la designación de Day.

En este sentido el presidente del bloque del PJ en el Senado, Lucas Ilardo, aseguró que “el gobierno del diálogo ha quedado en el cofre de los recuerdos”.

Por su parte el abogado patrocinante, Andrés Ramírez, agregó que “es insólita la decisión de no participar que tuvo el Gobierno de Mendoza”.