Las agresiones hacia docentes y personal educativo es un problema constante en la provincia, según los datos del Ministerio de Seguridad y el panorama que maneja el SUTE. Tras la implementación del nuevo Código Contravencional, se trata de la falta más frecuente, seguida por el consumo de alcohol.
“Ya tenemos más del doble de denuncias que en el sistema anterior”, explicó el ministro de Seguridad, Gianni Venier, en base a las más de 1.700 causas que se han iniciado. “La mayoría son ofensas a maestros y personal de escuela. Muchas de las sanciones resultan en obligación de conducta, como pedir disculpas en el espacio público donde se insultó o agredió”, precisó.
Además del Código, que establece multas de hasta $36.000 o hasta treinta días de arresto (equiparando la ofensa a un docente a la del gobernador), también existe la Ley de Protección al Docente, que crea un cuerpo especial para tratar estos casos.
En esta misma línea, Sebastián Henríquez, secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), indicó que no lo sorprenden los datos del ministerio.
“Hace años venimos notando más agresiones. Desde el 2014 se dispararon los casos, dejaron de ser un tema excepcional“, mencionó.
Los motivos que observó Henríquez van desde una crispación general de la sociedad, pasando por la violencia familiar que puede estar viviendo el alumno cuando se trata de agresiones por parte de los menores, hasta la forma en que la población percibe a los docentes.
“Aunque suene demagogo, existe un discurso constante contra los profesores, que va manteniendo cierta hostilidad”, observó.
Cómo se actúa
Durante el 2018, en la Defensoría del Docente recibieron por día entre 4 y 5 llamados de maestros pidiendo asesoramiento. Desde este organismo señalaron que los educadores deberán comunicar el hecho a la dirección de Asuntos Jurídicos al teléfono 449-2750.
Un abogado de la dirección de Asuntos Jurídicos de la DGE tendrá intervención directa para proteger los derechos de los docentes que fueron vulnerados.
Mientras la denuncia sigue el curso legal, desde el SUTE señalaron que existen tres prioridades a tratar cuando ocurren estos hechos. La primera es instar al establecimiento a que garantice la protección del docente. “El profesor tiene que poder saber que va a estar seguro en su lugar de trabajo para que pueda volver sin miedo”, detalló Henríquez.
Esto involucra una segunda prioridad, que es determinar las medidas posibles contra el agresor, trabajando con el alumno si es el caso o incluso pidiendo prohibiciones de acercamiento contra los padres. Las acciones se acompañan de reclamos para que distintos órganos como la OAL intervenga en las familias para detectar posibles casos de violencia dentro de ella.
“Finalmente está el tema de las ART. Si un profesor era golpeado, se le daba licencia psiquiátrica. Hoy se lo considera accidente laboral incluso cuando se trata de amenzas”, informó el sindicalista.
Esto se logró luego de que ocurriera un robo en la escuela Emaús de Godoy Cruz, donde un grupo de asaltantes entraran a la sala de maestras y les robaran sin hacerles daño físico. La ART determinó que por este último motivo no había medidas a tomar, por lo que desde entonces se buscó el reconocimiento del trauma que significa una amenaza.