Más de 20 aspirantes rindieron ante el Consejo de la Magistratura un concurso para ocupar el cargo de juez penal colegiado. Sin embargo, ninguno de los aspirantes aprobó el examen. 

Para el cargo, se presentaron 25 concursantes. El puesto exigía rendir en dos instancias. La primera de ella, el escrito, se tomó el 6 de marzo, antes de que se declararan las restricciones por la pandemia de coronavirus.

La segunda instancia recién se produjo esta semana. Los participantes rindieron el oral en dos días sucesivos, el 6 y 7 de julio. De los 25 inscriptos, sólo tres decidieron no presentarse. 

El cargo para juez penal colegiado quedará por el momento vacante, ya que el bochazo fue para todos. 

Entre ellos, figura un magistrado: se trata de Santiago Ramón Barroso Sánchez, que es conjuez en el Juzgado en lo Penal de Menores y en el Segundo Juzgado Penal Colegiado, ambos tribunales de General Alvear. Además, entre los desaprobados hay otros nombres que ya tienen aprobados concursos para defensores o para fiscales.

El concurso generó malhumor en el ambiente judicial. Aseguran que hubo algunas irregularidades, pero ninguno se animó a precisar puntualmente en qué aspecto.

El puntaje que se obtiene en un concurso aprobado dura tres años. A partir de ahí, se confecciona una lista que lleva un orden de mérito en relación a la nota obtenida. Sin embargo, si un año más tarde alguien obtiene un mejor puntaje en otro examen para la misma jerarquía, pasará a encabezar la nómina. Es más: una persona que aprobó un concurso puede volver a presentarse al año siguiente para ver si puede mejorar su nota.

Por lo tanto, la especulación tiene que ver con el manejo que se puede hacer en los concursos, de tal modo que un año sea más riguroso para evitar nuevos aprobados y no alterar el listado. Los ejemplos sobran. Por caso, en 2018, en un examen para Defensor Oficial, aprobaron casi todos los aspirantes. Un año más tarde, se produjo otro festival de bochazos.