El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, advirtió que hay “diferentes tipos de tomas” de tierras, tanto por motivos habitacionales, como otras situaciones en las que algunos “vivos se organizan para sacar provecho”, pero aseguró que “irá preso” quien ocupe terrenos en distrito bonaerense.
“Es un delito que está organizado; detrás de la necesidad habitacional aparecen vivos que se organizan para ver cómo sacan provecho”, expresó Berni, en declaraciones a radio Rivadavia, en las que afirmó que “irá preso” quien tome tierras en la provincia de Buenos Aires.
El funcionario remarcó que “todas las noches desarticulamos entre una y dos tomas” y agregó que “hay diferentes tipos de tomas: muchas son por motivos habitacionales, pero otras por motivos económicos, donde basados en la necesidad de la gente toman los terrenos, los venden, empiezan a haber abogados, contadores”, precisó el Ministro.
El titular de Seguridad provincial aseguró que “durante el fin de semana hemos detenido unas 10 o 12 personas con la intervención de jueces y fiscales”.
“En la provincia de Buenos Aires el derecho a la vida y a la propiedad privada son dos cosas que no se discuten”, afirmó.
“Los bonaerenses -insistió- tienen que estar tranquilos. El que hace una toma va a ir preso. El Gobernador me dio una misión muy clara para defender los intereses de los bonaerenses”.
Berni se diferenció de Frederic
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró días atrás que el Gobierno nacional mantiene una negociación con los grupos mapuches que toman tierras en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, y destacó que se está “yendo por el camino del diálogo, porque en 2017 esta misma toma terminó en allanamiento, desalojo y una persona muerta”.
En declaraciones a Radio con Vos, la funcionaria nacional se refirió así al operativo de la Prefectura desplegado en el año 2017 que terminó con la vida de Rafael Nahuel durante un intento de desalojo de estas tierras en Villa Mascardi.
“La ocupación ocurrió en el año 2017, la justicia ordenó un allanamiento primero de la Policía Federal y luego del Grupo Albatros, que entra al predio y allí ocurre la muerte de Rafael Nahuel”, relató Frederic.
“El camino del desalojo -amplió la funcionaria- que ejecutaron fuerzas que dependían de Patricia Bullrich fue un fracaso, porque el desalojo no prosperó y murió una persona”.
La titular de Seguridad explicó que cuando asumieron el Gobierno tuvieron “la visita de la gobernadora (de Río Negro), que manifestó el interés de avanzar en el diálogo, en la negociación” y, en ese sentido, rescató que “es un camino que se está transitando”.
Frederic explicó que en esta negociación con los grupos que realizan tomas de tierras -referenciados en la comunidad Huincul- esperan que “ellos se avengan a ciertas condiciones, y en caso de que esto no ocurra, si la justicia decide que hay que desalojar, habrá que desalojar”.
Asimismo, aclaró que las denuncias presentadas por el Ministerio de Seguridad en relación a la marcha del sábado pasado, en la que vecinos se opusieron a las tomas, apuntaron a “denunciar la posible comisión de un delito, ante la información de que había personas que se estaban armando”.
“Nosotros pedimos que la justicia investigue si existían personas que se estaban armando de manera ilegal en el marco de esta protesta”, aseguró la funcionaria.
“El jueves comenzamos a tener información que mencionaba la compra de armamentos y que la protesta del sábado estaba orientada, según estos mensajes, a disparar a los mapuches que estaban ocupando Mascardi”, precisó.
La ministra aclaró que se tomó la medida de “denunciar”, pero “también la de desplegar efectivos de Gendarmería para evitar que los manifestantes llegaran al lago Mascardi y se desatara un hecho de violencia”.
“Estamos conversando, terminando de establecer nuestras condiciones a lo que pide la comunidad”, dijo Frederic sobre el acuerdo al que se tratar de llegar con quienes toman estas tierras.
Al mismo tiempo, aclaró que están “en un contexto en el que el Gobierno nacional suspendió los desalojos, y también hay una controversia sobre si hay que incluir o no a esta comunidad en esa norma”.
“Estamos en un momento de cierre importante de estas conversaciones y es legítimo que haya gente que proteste en contra, pero lo que no puede ocurrir es que esto desate violencia”, concluyó Frederic.
