El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó al Estado Nacional suspender de manera “inmediata” el inicio del proceso de revisión de la creación de la Universidad Nacional de Pilar, al hacer lugar a una medida precautelar interina.
La cautelar había sido presentada por la rectora de la Universidad Nacional de Pilar Elizabeth Diana Wanger, que objetó la “inconstitucionalidad de la resolución ministerial“, tomada por la cartera de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
El Gobierno había puesto un parate a la creación de nuevas universidades, sumadas a las de Abuelas de Plaza de Mayo, de Ezeiza, del Delta y de Río Tercero, Córdoba.
La resolución de González Charvay le pidió a Capital Humano que explique este proceso de revisión y le dio un plazo de tres días para hacerlo, debido a “la urgencia y el peligro de demora” que establecen el recurso de la cautelar “por la proximidad de las fechas de inicio del ciclo lectivo universitario, habida cuenta que el pretendido ‘proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas’ del Ministerio de Capital Humano dilataría el inicio de las actividades académicas”.
Entre sus argumentaciones, el juez federal de Campana sostuvo que “la resolución ministerial impugnada trasuntaría a priori la injerencia del Poder Ejecutivo en el ejercicio de facultades que se encuentran reservadas a otros poderes del Estado, en el caso de autos, del Poder Legislativo, en cuanto la Universidad Nacional de Pilar ha sido creada por la ley 27.728”.
González Charvay también recordó que la creación de las universidades se basa en la ley de Educación Superior, que sólo pueden crearse por ley de la Nación y, por ello, tienen que contar con presupuesto aprobado. Por ende, remarcó que “el cese de tales instituciones se hará también por ley”.
La medida
Esta semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión de “revisar y auditar la creación de cinco universidades nacionales” -Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo-, con el objetivo de determinar, al menos en el caso de dos de esas instituciones, cuál fue el destino de los fondos asignados en su momento para su funcionamiento.
Adorni explicó esta semana que la medida, además de alcanzar a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, abarcará a las casas de altos estudios de Ezeiza, el Delta y Pilar, todas ellas en la provincia de Buenos Aires; y de la ciudad cordobesa de Río Tercero.
Junto con esta medida, también “quedan suspendidos el nombramiento de cinco rectores que habían sido definidos por anterioridad” a la asunción del nuevo gobierno.
El funcionario indicó que “en dos de esas universidades” se está “revisando” el destino que tuvieron unos “800 millones de pesos” transferidos a su estructura.
“Queremos saber cuál es el destino de esos fondos”, agregó Adorni.