Una serie de beneficiarios dejarán de percibir durante tres meses el pago del Plan Potenciar Trabajo, informó este lunes el Gobierno a través del Boletín Oficial.
Se trata de una medida que afecta a algunas personas que mostraron incompatibilidades con los criterios establecidos para permanecer en el programa.
En la resolución 13/2024, que lleva la firma de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, detallan que hay una lista con los nombres de todos los beneficiarios que dejarán de cobrar el salario social complementario durante los próximos tres meses.
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De esa manera, ordenan suspender “el pago del Salario Social Complementario” a los titulares del programa Potenciar Trabajo “identificados en el listado que como anexo acompaña a la presente medida”.
Aunque la lista no fue difundida, se estima que son alrededor de 30 mil los inscriptos que cuentan con irregularidades incompatibles para permanecer en el programa.
Se trata de personas que viajaron al exterior en aviones, cruceros u otros medios de transporte mientras cobraban el salario social complementario.
Esta medida fue solicitada por el fiscal federal Guillermo Marijuán en octubre pasado.
Marijuán detectó que 159.919 beneficiarios del principal programa socioproductivo de la ahora Secretaría de Desarrollo Social llevaron adelante viajes de lujo al exterior desde 2020.
Según trascendió desde el Gobierno, esta medida se trata de una primera “barrida” de alrededor de 30 mil personas. En paralelo, continuarán las investigaciones con el resto de los beneficiarios que habrían viajado al exterior.
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De acuerdo con los datos de la denuncia del fiscal, “desde 2020 817 personas utilizaron cruceros; 29.076 avión y 83.974 embarcaciones; entre otros, mientras que respecto a la duración de los viajes registrados desde 2020, surge que 19.858 duraron entre 21 y 30 días; 14.823 entre 31 y 50 días; y 21.911 más de 51 días”, detalla el informe judicial.
En cuanto a las salidas por vía aérea, 20.832 se realizaron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza; 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery, y 1.649 desde otros aeropuertos del país.
A esto se le sumaron unos 4588 inscriptos que fueron dados de baja luego de detectar que también eran empleados del sector público. Esta situación se detectó en Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.