Cristina ingresa al Congreso antes de la sentencia.
  • Cristina Fernández de Kirchner: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Fue absuelta del delito de asociación ilícita.
  • Lázaro  Báez: seis años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta de la administración pública.
  • José López (ex secretario de Obras Públicas): seis años de prisión como coautor del delito de administración fraudulenta e  inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
  • Nelson Periotti (ex director de Vialidad): seis años de prisión como coautor del delito de administración fraudulenta e  inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
  • Mauricio Collareda (ex directivo de Vialidad): a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
  • Juan Carlos Villafañe (ex intendente de Río Gallegos): cinco años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
  • Raúl Osvaldo Daruich (ex jefe del distrito Santa Cruz de Vialidad): tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
  • Raúl Pavesi (ex presidente de la Agencia Provincial de Vialidad): cuatro años y seis meses de prisión por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
  • Raúl Santibañez (ex directivo de la Agencia Provincial de Vialidad): cuatro años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
  • Absueltos: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz (AGVP), Héctor Garro.
  • Carlos Kirchner: sobreseído por extinción de la acción penal.
  • El tribunal también instó al decomiso de 84 mil millones de pesos: puntualmente, $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado.