El Senado volverá a sesionar este jueves para intentar aprobar la denominada Ley de Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que llegará al recinto luego de semanas de negociaciones y de un fuerte revés político: la eliminación completa del capítulo que habilitaba modificaciones sobre la compra de tierras por parte de extranjeros.

La discusión se reanudará después del cuarto intermedio dispuesto en julio y estará atravesada tanto por el debate de fondo como por una disputa reglamentaria vinculada con la participación virtual de dos senadores.

La decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de habilitar esa modalidad generó fuertes cuestionamientos dentro del oficialismo, encabezado por Patricia Bullrich, y también despertó reparos en bloques dialoguistas. Sin embargo, la definición quedará en manos del pleno de la Cámara, que deberá validar o rechazar la participación remota antes de avanzar con el tratamiento del proyecto.

Cómo cambian las expropiaciones

Uno de los capítulos centrales redefine el régimen de expropiaciones. El texto establece que solo podrán ser objeto de expropiación los bienes que resulten “convenientes o necesarios” para satisfacer un fin de utilidad pública, criterio que deberá interpretarse de manera restrictiva y con una identificación concreta del objetivo perseguido.

Además, modifica el sistema de indemnizaciones. La compensación comprenderá el valor objetivo del bien, determinado según su valor de mercado cuando pueda establecerse, junto con los daños directos derivados de la expropiación. El proyecto excluye expresamente valores afectivos, circunstancias personales, ganancias hipotéticas o la eventual valorización futura que pudiera generar la obra pública.

La iniciativa también incorpora el reconocimiento del lucro cesante, aunque únicamente cuando exista una relación directa con la expropiación y pueda acreditarse mediante pruebas objetivas. En principio, ese resarcimiento no podrá superar el 30% del daño emergente, salvo que el propietario demuestre una afectación mayor.

Otro punto contempla la posibilidad de acceder al régimen para ocupantes que acrediten una posesión pacífica, pública y continua durante diez años sobre inmuebles urbanos destinados a vivienda única y permanente, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la reglamentación.

Desalojos con un procedimiento más rápido

El proyecto también introduce cambios en los procesos de desalojo por falta de pago de alquileres. Antes de iniciar una demanda judicial, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino y concederle un plazo mínimo de diez días corridos para cancelar la deuda.

Cumplido ese plazo, o extinguida la locación por cualquier motivo, el locatario deberá restituir el inmueble. En caso de incumplimiento, el propietario podrá iniciar el juicio de desalojo mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación vigente. La propuesta también establece que el locador no podrá negarse a recibir las llaves de la propiedad ni condicionar su recepción, aunque conservará el derecho a reclamar las obligaciones pendientes.

Cambios en la Ley de Manejo del Fuego

Otro de los capítulos modifica la legislación sobre incendios forestales. El texto mantiene la prohibición de cambiar el uso o destino de los bosques nativos afectados por incendios, pero elimina los plazos de 60 años establecidos por la normativa vigente.

Además, propone derogar las restricciones que actualmente rigen durante 30 años para tierras agropecuarias incendiadas, que impiden desarrollar emprendimientos inmobiliarios, modificar el uso agropecuario del suelo o implementar prácticas intensivas distintas de las existentes antes del incendio.

La discusión llegará al recinto después de que el oficialismo resignara uno de los ejes más controvertidos del proyecto, el referido a la venta de tierras a extranjeros, con el objetivo de reunir los votos necesarios para avanzar con el resto de la iniciativa. El resultado de la sesión dependerá tanto de las negociaciones parlamentarias como de la resolución de la disputa reglamentaria que marcará el inicio del debate.