Alberto Fernández no vive días tranquilos desde que salió a luz el caso de Nación Seguros. El exjefe de Estado es uno de los principales involucrados de la causa en la que aseguradora estatal, por decreto presidencial, obligaba a todos los organismos públicos a contratar pólizas.

En cada acuerdo, había intermediarios que salían beneficiados con una comisión. Los involucrados son Alberto Pagliano y Héctor Martínez Sosa, ambos con vínculos directos al presidente del Partido Justicialista a nivel nacional.

Si bien la lista de nombres involucrados en esta causa de corrupción es mucho más extensa, el foco se concentra en Pagliano, extitular de Nación Seguros, y Martínez Sosa, marido de la secretaria privada de Fernández durante 30 años, María Cantero.

La relación entre el dirigente peronista, Pagliano y Martínez Sosa, comenzó a principios de los 90, cuando Fernández pasó al Banco Provincia de Buenos Aires y al poco tiempo se hizo cargo del Grupo Bapro, que empezó a manejar Nación Seguros.

El tiempo pasó y a principio de 2021, ya con Fernández como presidente, el mandatario decretó que  los organismos del Estado contraten de manera directa pólizas a Nación Seguros. Antes, se hacían a través de licitaciones.

Con el nuevo formato de contrataciones comenzaron a figurar la intermediación de terceros, a los cuales se tenían que otorgar una comisión por el acuerdo generado. La gran mayoría caía en manos de Martínez Sosa.

Como si no fuera poco, en muchos casos, se tomaba la póliza y “coaseguraba” el riesgo en otras empresas.  Es decir, se dividía la firma y se entregaba negocios a otras compañías. De esta manera se volvía a generar una segunda operación y por ende, otra comisión a favor del productor.

“Se hacían mediante documentos interministeriales. Muchas veces competían en una licitación y se ganaba por precio. Entonces la póliza se hacía directa”, explicaron fuentes que investigan el caso.

Cuando Pagliano quedó al frente de Nación Seguros, se encargó principalmente de las pólizas facultativas. Estos acuerdos tenían la particularidad de que según la especificidad del riesgo, se acordaba un monto, se firmaban por “afuera” y se pagaba en dólares.

Con el correr de los días de la gestión de Fernández comenzaron a aparecer  intermediarios que se encargaban directamente de cada ministerio, pero todos respondían a Pagliano.

Los contratos de más importantes eran los de YPF y Aerolíneas Argentinas, las centrales hidroeléctricas que tienen pólizas millonarias en el exterior y en dólares. También había firmas para los autos del Estado y los riesgos de los edificios donde funcionan dependencias públicas que pasaron a la modalidad de la intermediación.

Los viajes presidenciales y los aviones de la flota; las fuerzas de seguridad y los seguros de todos los empleados públicos, militares, gendarmes o maestros del país, también entraron en el negocio de las pólizas.

Pero sin duda, uno de los puntos más sobresaliente de la investigación que está llevando adelante el juez federal Julián Ercolini, es la comisión que le cobraban a los jubilados y pensionados que sacaron créditos otorgados por la Anses.

La comisión cobrada estaba incluida dentro de las cuotas que pagaban cada jubilado o pensionado, que en algunos casos llegaba al 10%.

Mientras avanza la causa judicial en mano del fiscal Ramiro González, el Gobierno definió que la misma debe presentarse a través de la Oficina Anticorrupción.