Un dictamen del procurador General de la Nación, Eduardo Casal, provocó un importante sismo en Rosario: recomendó que la Corte Suprema de la Nación haga lugar a los planteos de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery en una causa contra el senador peronista Armando Traferri por juego clandestino, un caso vinculado a la banda de Los Monos.
Schiappa Petra y Edery habían recurrido al máximo tribunal luego de que la Corte santafesina había negado los recursos presentados en la investigación contra el influyente legislador, por lo que nunca pudieron imputarlo como parte de una asociación ilícita.
Incluso, Traferri recibió el aval del Senado santafesino en 2020, que le negó el pedido a los fiscales para que le retiraran los fueros parlamentarios.
Los siguientes pasos de Schiappa Pietra y Edery en la justicia local llegó hasta la Corte de Santa Fe, luego de que pidieran la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de esa provincia, que regula precisamente los fueros. Hubo fallos a favor y en contra en las instancias inferiores, en tanto que el máximo tribunal dictaminó a favor de Traferri por mayoría -sólo votó en contra el presidente, Daniel Erbetta-.
En sus argumentos, Casal sostuvo que los cinco ministros de la Corte tuvieron fundamentos dispares.
“Es doctrina de la Corte que los pronunciamientos de tribunales colegiados son inválidos cuando resultan de una mera agregación de opiniones individuales que no exhibe una coincidencia mayoritaria sobre la sustancia de las razones que dan fundamento a lo que se resuelve“, argumentó el procurador.
En síntesis, Casal sostuvo que “la ausencia de un acuerdo genuino sobre los motivos que guían la decisión priva a la resolución de aquello que debe constituir su esencia, es decir una unidad lógico-jurídica, cuya validez depende no solo de que la mayoría convenga en lo atinente a la parte dispositiva, sino que también ostente una sustancial coincidencia en los fundamentos que permitan llegar a una conclusión adoptada por la mayoría absoluta de los miembros del tribunal”.
La investigación de los fiscales apuntaba al rol de intermediario de Traferri en la madeja que vincula el juego y el narcotráfico.
Todo empezó por el crimen de un cliente a un casino en enero de 2020 mientras fumaba en el balcón de la sala de juegos. Aquel homicidio era un mensaje para los dueños de la empresa, por parte de la banda liderada por Ariel “Guille” Cantero, que realizaba extorsiones desde la cárcel: pedía dinero a cambio de “seguridad”.
En la investigación, los fiscales dieron con el presunto vínculo entre Peiti y el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal. Según pudieron revelar, el primero le pagaba al funcionario judicial entre 4 y 5 mil dólares mensuales para mantenerlo al tanto de causas en su contra y allanamientos a sus propiedades.
Acá entonces aparece el supuesto rol de Traferri como nexo con Serjal y otro fiscal, Gustavo Ponce Asahad.
Ahora, la Corte Suprema tiene que definir qué respuesta dará a Casal y a los fiscales rosarinos.
Con información de La Nación.