Esta semana, el oficialismo de La Libertad Avanza en conjunto con el PRO podrían dar el puntapié inicial a una reforma del sistema jubilatorio argentino. Un proyecto de ley que será debatido este miércoles en la Cámara de Diputados propone la creación de una comisión especial para redactar, antes de fin de año, un anteproyecto de reforma integral del esquema previsional, una medida que el Gobierno se comprometió a implementar en 2026 en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La propuesta lleva la firma de referentes libertarios como José Luis Espert, Lilia Lemoine y Bertie Benegas Lynch, y de dirigentes del PRO como Diego Santilli, Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici.
La comisión estaría integrada por representantes del Congreso, del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Trabajo y de ANSES. Su tarea: presentar un proyecto que simplifique el sistema, elimine los regímenes de privilegio, mejore la sostenibilidad fiscal y garantice una cobertura básica para los sectores más vulnerables.
En paralelo, la Cámara baja tratará otros once proyectos con dictamen de comisión que buscan corregir aspectos puntuales del sistema, como la actualización del bono adicional congelado en $70.000, la extensión de la moratoria previsional o nuevos esquemas de acceso a la jubilación para quienes no tienen los 30 años de aportes requeridos.
Sin embargo, según un informe del CIPPEC, solo uno de esos proyectos contempla una fuente de financiamiento, y apenas uno plantea una reforma estructural.
El think tank CIPPEC ya elaboró su propia propuesta de reforma y la discutió con el Gobierno, bloques legislativos y organismos internacionales. El diagnóstico es claro: el sistema es costoso (representa el 9,5% del PBI), desigual e ineficiente.
Entre las falencias, destaca que casi tres millones de beneficiarios tienen menos de 65 años y que los regímenes especiales permiten jubilaciones a edades tempranas, lo que desequilibra el esquema general.
CIPPEC propone reformar cuatro ejes: los regímenes de excepción, las jubilaciones por vejez, las pensiones por invalidez o fallecimiento, y el mecanismo de movilidad.
Plantean que no se afectará a los actuales jubilados, pero que sí se generará un reordenamiento a futuro: cerca del 80% de los trabajadores activos recibirían beneficios más altos, mientras que el 20% restante percibiría menores prestaciones, ajustadas a su nivel de aportes. También se incluirían esquemas proporcionales y la utilización de la PUAM como piso mínimo para quienes no cumplan los requisitos tradicionales.
La discusión previsional se enmarca en un contexto social y político complejo, donde cualquier intento de reforma integral requiere consensos amplios. Desde CIPPEC advierten que el sistema enfrenta presiones crecientes por el envejecimiento poblacional y el gasto proyectado, que volverá a crecer a partir de 2025.