El Gobierno nacional analiza incorporar modificaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que deberá ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre. La iniciativa forma parte de la estrategia del oficialismo para contener el impacto fiscal de ambas normas y evitar que nuevas erogaciones queden por fuera de la planificación financiera del Estado.
La posibilidad aún no está definida, aunque en la Casa Rosada reconocen que continúa en evaluación. La decisión dependerá de las negociaciones políticas que el Ejecutivo mantiene con gobernadores y bloques aliados, luego del revés sufrido en diciembre de 2025, cuando intentó introducir cambios similares durante el tratamiento del Presupuesto 2026.
En aquella oportunidad, el oficialismo logró la aprobación general del proyecto, pero no consiguió respaldo para derogar las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario, que habían sido vetadas por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificadas por el Congreso.
Con ese antecedente, el Gobierno busca llegar al debate presupuestario con una base de acuerdos más sólida. En Balcarce 50 consideran que el Presupuesto constituye la herramienta adecuada para discutir el financiamiento de ambas políticas públicas, ya que permitiría incorporar cualquier modificación dentro del cálculo general de recursos y gastos, en lugar de aprobar leyes específicas que incrementen el gasto sin definir su fuente de financiamiento.
Uno de los frentes más sensibles continúa siendo el universitario. La Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes, además de la recomposición de las becas estudiantiles. Aunque el máximo tribunal aún no resolvió la cuestión de fondo, la vigencia de esa cautelar condiciona la estrategia presupuestaria del Ejecutivo.
En el Gobierno sostienen que el fallo sólo alcanza una parte de la norma y recuerdan que durante este año se alcanzó un acuerdo parcial con las universidades para recomponer salarios en un 24,33%, aumentar un 20% los gastos de funcionamiento, destinar un refuerzo de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios y mejorar el financiamiento de las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, las universidades mantuvieron la demanda judicial al considerar que ese entendimiento no reemplaza el cumplimiento integral de la ley vigente.
En paralelo, la Casa Rosada también pretende reabrir la discusión sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. El oficialismo ya había impulsado un proyecto para modificar el régimen mediante auditorías, reempadronamientos, revisión de incompatibilidades para acceder a pensiones no contributivas y cambios en los mecanismos de financiamiento. El objetivo, según fuentes oficiales, es fortalecer los controles y reducir el costo fiscal del sistema.
La estrategia se inscribe dentro de una negociación política más amplia con los gobernadores. El Ejecutivo busca asegurar los votos necesarios para aprobar no sólo el Presupuesto 2027, sino también la reforma electoral, la eventual suspensión o eliminación de las PASO y otras iniciativas económicas consideradas prioritarias. En la Casa Rosada entienden que un acuerdo político previo facilitaría el tratamiento de proyectos que podrían enfrentar una fuerte resistencia parlamentaria.
El frente fiscal es otro de los argumentos que sostiene el Gobierno. El informe de avance del Presupuesto 2027 ratifica el compromiso oficial con el superávit fiscal y la estabilidad macroeconómica. Según datos del Ministerio de Economía, entre enero y mayo de este año el sector público acumuló un superávit primario de 8,4 billones de pesos y un resultado financiero positivo de 2,6 billones, mientras que las prestaciones sociales —incluidas las pensiones no contributivas por discapacidad— y las transferencias a las universidades nacionales continúan representando una porción significativa del gasto público.
En el oficialismo afirman que cualquier incremento permanente del gasto deberá contar con una fuente de financiamiento definida dentro del Presupuesto. Bajo esa lógica, sostienen que, si el Congreso mantiene leyes con impacto fiscal sin prever recursos adicionales, el Estado deberá compensar ese costo mediante recortes en otras partidas o una reestructuración del programa de gastos. Esa discusión volverá a instalarse en el Congreso a partir de septiembre, cuando el Ejecutivo envíe el proyecto presupuestario para 2027.