En medio de la segmentación de tarifas que dispuso el gobierno nacional, la empresa Edenor, que manejan los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, y Edesur, enviaron dos cartas al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) reclamando una mejora de los ingresos.

Las empresas señalan que en los últimos tres años sus empresas aumentaron un 31,5%, sin embargo, los costos subieron un 321%.  Los únicos dos incrementos que tuvieron las compañías desde que asumió Alberto Fernández fueron en 2021, de 20,9%, y en mayo pasado, de 8%.

Según afirman, para cubrir el aumento de costos, las firmas se endeudaron con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Al 15 de septiembre pasado, Edenor registraba una deuda de $112.076 millones y Edesur, de $116.138 millones.

En Mendoza la situación es distinta, y en el caso de Edemsa, compañía también administrada por los socios Vila-Manzano, se vienen realizando las revisiones tarifarias correspondientes. De todas maneras, la compañía tiene una deuda de $11.300 millones con Cammesa por los años en que se congeló la tarifa.

La carta

Edenor envió una carta al ente el 23 de septiembre pasado con la referencia “Impacto financiero y contable del incremento del costo de la energía dispuesto por el ENRE”. Allí, menciona que el ente regulador debe reconocer costos que la empresa “no puede controlar”, como el “aumento inflacionario”, y dijo que los únicos dos aumentos que se dieron en los últimos tres años fueron “de manera parcial e insuficiente”.

En la misma línea señala que, según sus cálculos, por aumentos no reconocidos en los últimos años, Edenor dejó de recibir $132.739 millones, actualizado por intereses, casi la misma cantidad que la distribuidora le debe a Cammesa.

Edenor ha solicitado y explicado en reiteradas oportunidades la necesidad -para no afectar la calidad y continuidad del servicio público comprometido- de readecuar el CPD (Costo Propio de Distribución), el que evidencia un atraso significativo atento la ausencia de un reajuste que se corresponda con el incremento general de precios (y, por tanto, de costos) existente en los últimos años”, dice la carta.

Según explicita, la estructura de costos de la distribuidora se compone de:

  • i) Un 37% por salarios al personal propio que ajustan por los incrementos que se acuerden con el sindicato de Luz y Fuerza.
  • ii) Un 37% para materiales, contratistas y servicios: los cuales ajustan por pautas de inflación, salarios y en menor medida por el precio del dólar
  • iii) El 26% restante corresponde inversiones que ajustan por inflación, salarios y el precio del dólar para los productos importados y que rigen por precios internacionales, como por ejemplo el cobre.

Mientras que Edesur, empresa controlada por el grupo italiano Enel, envió una misiva el 13 de octubre donde solicitó un reajuste urgente del costo propio de distribución (CPD) (actual y postergado) a fin de hacer cesar el detrimento patrimonial de la distribuidora e interrumpir licuación de ingresos reales para la operación normal del servicio público”.

“El escenario existente en materia tarifaria no se ha correspondido con las premisas legales que indican que la Distribuidora debe recibir una tarifa justa y razonable que permita obtener fondos suficientes para solventar los costos operativos razonables del servicio, impuestos, amortizaciones (art. 40 de la Ley Nº 24.065), y una tasa de rentabilidad similar a la de otras actividades de riesgo similar”, advirtieron desde Edenor.

Asimismo, también señala que los valores por reconocerse por incrementos no otorgados en los últimos tres años asciende a $110.204 millones, similar también a la deuda que tiene la empresa con Cammesa.

Hay que recordar que en el Presupuesto 2023 se aprobó el artículo 89 donde se estableció un plazo no mayor a 90 días para que se realicen las revisiones tarifarias integrales de las distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires.