El proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno envió a la Cámara de Diputados el 17 de septiembre comenzará a debatirse este miércoles 30. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores se reunirá a las 12 con un cronograma de trabajo que finalizaría el martes 6 de octubre con la firma de los dictámenes.
El oficialismo marcará el pulso del debate: controla la conducción de las tres comisiones a través de Carlos Zapata (Defensa), Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal) y Juliana Santillán (Relaciones Exteriores).
La iniciativa, enmarcada en la escalada de tensión con el Reino Unido por Malvinas, endurece las penas por la explotación de recursos naturales en las islas (hasta 20 años de prisión), amplía las prohibiciones más allá de los hidrocarburos a cualquier recurso renovable o no renovable, crea un registro público de infractores e incorpora el juicio en ausencia.
Pero el proyecto va mucho más allá de Malvinas. Crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Este organismo podrá disponer medidas urgentes ante amenazas graves, entre ellas restringir operaciones cambiarias, bloquear fondos y activos, suspender autorizaciones y elevar derechos aduaneros. También autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques hostiles como último recurso.
Además, el proyecto prohíbe los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente a partidos y campañas políticas, incorpora delitos por revelar secretos a servicios de inteligencia extranjeros, redefine las funciones de la Defensa Nacional habilitando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas, e incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo (RePET), que permite inmovilizar bienes y prohibir operaciones económicas sin orden judicial previa.
La oposición se atrincheró para resistir. El diputado de Unión por la Patria denunció que se trata de “una extorsión política por Malvinas, orquestada por Santiago Caputo, metiendo las sanciones en el mismo proyecto que el Consejo de Seguridad Nacional para que votar en contra parezca votar contra Malvinas”. Calificó la iniciativa como un “caballo de Troya” cuyo objetivo real es “convertir el plan continental de Trump y Rubio en legislación interna” y advirtió que el RePET permite inscribir personas por “motivos razonables para sospechar” y congelar sus bienes sin causa penal.