El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques fijó posición sobre el caso $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei, y cuestionó las acusaciones públicas sin resolución judicial. “Es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito”, afirmó, al subrayar que la determinación de responsabilidades corresponde exclusivamente al Poder Judicial y no a instancias políticas o mediáticas.
En diálogo con Eduardo Feinmann en A24, el funcionario insistió en que “el que tiene facultades para imputar a alguien es el fiscal” y que “el proceso de condena es muy complejo”.
En ese sentido, remarcó que “hablar con tanta liviandad de que una persona es culpable de un delito sin haber siquiera estado imputado, y más cuando se trata del presidente de la Nación, me parece imprudente por lo menos”.
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Mahiques también relativizó el informe de la comisión investigadora de Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro, al señalar que “es una comisión política” y advertir que “hablar con tanta liviandad me parece imprudente”.
En paralelo, evocó el antecedente del juicio político a la Corte Suprema impulsado durante la gestión de Alberto Fernández: “Estuvieron más de un año mancillando el nombre de los jueces de la Corte, no hubo un solo delito ni condena alguna”.
El titular de Justicia confirmó además la existencia de dos expedientes: uno sobre el presunto fraude con la criptomoneda y otro vinculado a la filtración de información. Sobre este último, advirtió: “La realidad es que hay otra causa que investiga la filtración de información que salió de un organismo, de la Procuración General de la Nación. Esa denuncia es gravísima”. Y agregó: “Una persona no autorizada habría sacado información y se la habría dado a otra”.
En ese marco, planteó dudas sobre la integridad del material incorporado a la causa: “Si alguien se metió, accedió a esa información, la mandó a otra parte y la divulgaron, se metió en un expediente en el que no debería haberse metido. Si pasó esto puede que no se haya cuidado la cadena de custodia y se puede haber adulterado el archivo”.
La causa volvió al centro de la escena tras el informe parlamentario que atribuye responsabilidades políticas en la promoción del activo digital, que habría implicado pagos millonarios y pérdidas para inversores.