La ofensiva del gobierno argentino por Malvinas está generando consecuencias concretas. En septiembre, las acciones de las dos empresas detrás del proyecto Sea Lion cayeron con fuerza –Rockhopper perdió un 17,9% en la Bolsa de Londres y Navitas un 11,5% en la de Tel Aviv-, y el gobierno británico respondió endureciendo el control sobre las licencias petroleras en las islas.
El presidente Milei celebró este sábado los resultados de la estrategia. En su cuenta de Instagram publicó que la salida de la gigante estadounidense Halliburton del proyecto Sea Lion es “producto de un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería”.
La multinacional, tercera gran empresa de servicios petroleros que se baja después de SLB y Baker Hughes, notificó su decisión tras las advertencias argentinas sobre la ilegalidad de operar en la zona bajo disputa de soberanía. Las tres firmas concentran la mayor parte de la capacidad técnica mundial para perforaciones offshore de la escala que requiere el yacimiento, ubicado a 225 kilómetros al norte de las islas con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de crudo.
Del otro lado del Atlántico, la reacción británica también escaló. El gobierno de Londres anunció ante la Cámara de los Comunes que, a partir de ahora, todas las licencias petroleras en las Islas Malvinas requerirán el consentimiento del secretario de Estado de Asuntos Exteriores. La medida busca fortalecer la confianza empresarial, que hasta ahora se sostenía exclusivamente en contratos firmados por el gobierno isleño con respaldo genérico del Reino Unido.
Sin embargo, Londres evitó precisar si intervino específicamente en la autorización de Sea Lion, cuya primera producción está prevista para 2028. El subsecretario parlamentario del Foreign Office, Lord Wood of Anfield, no confirmó ni negó esa intervención ante la pregunta directa del conservador Lord Moynihan, pero ratificó que ninguna licencia de explotación petrolera podrá otorgarse sin el aval del Foreign Office.
Días antes, el gobierno de las islas había anunciado la prórroga de las licencias de Sea Lion por cinco años con opción a dos más. “Lo hacemos con el fuerte apoyo del Reino Unido”, señaló en un comunicado, en un intento por transmitir estabilidad pese al contexto adverso.
En paralelo, en el Parlamento británico comenzó a tomar forma un debate impulsado por el Partido Conservador, que exige que las eventuales regalías petroleras de Malvinas sean compartidas con el Reino Unido para financiar los gastos de defensa de las islas, estimados en unas 75 millones de libras esterlinas anuales, y así liberar recursos para el presupuesto general de defensa, como reclama la OTAN.