En un día cargado de memoria y reclamo, este domingo 24 de marzo, la Plaza de Mayo se convirtió en el epicentro de una nueva conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, marcando así los 48 años del último golpe militar en Argentina.

La convocatoria, liderada por organismos de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles y ciudadanos independientes, buscaba reafirmar el compromiso con la memoria histórica y la lucha por la justicia.

Sin embargo, el contexto de este año estuvo marcado por un notable contraste: mientras las voces en la Plaza clamaban por la memoria de los 30.000 desaparecidos y exigían verdad y justicia, desde el Gobierno de Javier Milei se emitía un video en el que se negaba oficialmente esa cifra.

En el corazón de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, tomó el micrófono para leer un comunicado oficial, elaborado en conjunto por los organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas presentes. En un discurso cargado de críticas al gobierno de Milei, Carlotto denunció las provocaciones constantes y la violación de pactos internacionales.

“Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y (Victoria) Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional”, afirmó Carlotto ante los manifestantes congregados en la plaza.

El comunicado también arremetió contra la postura del Gobierno respecto a la cifra de desaparecidos y su intento de equiparar a las víctimas del terrorismo de Estado con las de organizaciones guerrilleras como el ERP y Montoneros.

“Ante este gobierno que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica el terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas”, añadió Carlotto.

Además, el documento consensuado por los organismos de derechos humanos criticó la reciente decisión del Ejecutivo de enviar a las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico en la ciudad de Rosario.

“La participación de las FF.AA. en conflictos internos es contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos”, concluyó la presidenta de Abuelas.

A su turno, la integrante de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Taty Almeida también cuestionó al Gobierno y a la gestión de Mauricio Macri cuando estuvo al frente del Ejecutivo. Sentenció que “ha puesto en marcha un protocolo represivo, destinado a impedir el legítimo derecho a la protesta social”, tal como publicó infoabe.com.

“Así como hicieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich, la persecución y difamación a los opositores políticos y sociales vuelve a ser una práctica cotidiana. Las defensas de personas detenidas a lo largo y ancho del país son expresión de la intimidación como política de Estado”, dijo.