La economía de Argentina inicia un desafiante semestre, con exigentes metas a cumplir en materia fiscal y monetaria pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un acotado poder de maniobra derivado de serios desequilibrios macroeconómicos y un contexto internacional adverso.

Y la renuncia este sábado del ministro Martín Guzmán, encargado del área económica desde que Alberto Fernández llegó a la Presidencia en diciembre de 2019, no hace sino elevar la incertidumbre por el devenir del país, cuando aún queda más de un año para los siguientes comicios presidenciales.

Guzmán, que presentó su dimisión al mandatario en una extensa carta que hizo pública a través de Twitter, ha sido uno de los ministros más cuestionados por el ala oficialista que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández, muy crítica con el ajuste fiscal comprometido en el acuerdo con el FMI.

El economista, de 39 años, aterrizó en el cargo cuando el país arrastraba más de año y medio en recesión -luego agravada por la pandemia- de la que el país logró salir en 2021, y su gestión estuvo marcada por la reestructuración de la deuda con acreedores privados, las negociaciones con el FMI para refinanciar el crédito de 44.000 millones de dólares que el organismo otorgó al Gobierno del liberal Mauricio Macri en 2018 y los desafíos que deja la guerra en Ucrania.

El contexto económico

Tras haberse recuperado 10,4% en 2021, poniendo fin a tres años de severa recesión, la economía argentina logró mantenerse a flote en la primera mitad de 2022, con tasas positivas de crecimiento, pero mucho menores a las del año pasado, en un complejo escenario global convulsionado por la guerra en Ucrania.

Para el segundo semestre, los pronósticos privados son de mayor desaceleración, cerrando el año con un crecimiento del 3 %, aunque un resultado tal podría ser no tan malo en vista a las múltiples amenazas que se ciernen sobren la economía argentina.

Una de estas amenazas es la falta de divisas, el “combustible” para la economía.

La balanza comercial afronta las presiones de precios internacionales elevados. Aumentaron las exportaciones agrícolas, pero las necesidades de importación de energía harán que Argentina recorte este año su superávit comercial hasta los 11.000 millones de dólares, según cálculos privados.

Para el segundo semestre, por cuestiones estacionales, se prevé un menor ingreso de divisas por exportaciones agrícolas, sumando presión al Banco Central, que debe aumentar este año sus reservas monetarias en 5.800 millones de dólares, según lo comprometido ante el FMI en marzo último.

Una presión que llevó a la autoridad monetaria a establecer el pasado lunes límites al acceso a divisas por parte de las empresas para pagar importaciones.

La medida, en principio, le permitió en pocos días sumar los dólares necesarios para cumplir con la meta trimestral de acumulación de reservas. Pero en la economía real se teme un impacto negativo en la industria y los precios.

El mercado reaccionó con un salto en las múltiples cotizaciones del dólar en Argentina, una corrección cambiaria que, cada vez que ocurre, se traduce luego en mayor inflación, uno de los principales desequilibrios macroeconómicos del país, con un alza de precios proyectada por economistas privados para este año de entre 70 y 80%.

El nuevo precio récord del dólar en Argentina también se explica por una mayor demanda para cobertura por parte de los inversores, temerosos de que la situación financiera empeore en los próximos meses, hasta el punto de obligar eventualmente al Tesoro a hacer una reestructuración de títulos de deuda soberanos en el mercado doméstico.

Sábana corta

Los inversores miran con preocupación el difícil panorama fiscal que afronta Argentina. Según lo pactado con el FMI, el país debe reducir este año su déficit fiscal primario al 2,5% del producto interno bruto (PIB) -desde el 3% en 2021- y la asistencia monetaria por parte del Banco Central al Tesoro al 1% del PIB -desde el 3,7% en 2021-.

La vara que marcan estas metas es alta. Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales de deuda y la financiación en la plaza local es cada vez más exigente.

El Gobierno busca reducir la carga fiscal de los millonarios subsidios al consumo de gas y electricidad, pero los aumentos tarifarios -que también tienen efectos inflacionarios- no parecen ser suficientes. Tampoco hay margen ni social ni político para más impuestos.