El almirante Juan Carlos Romay conduce la Armada.

La Armada Argentina le presentó a la Justicia Federal una investigación interna sobre una presunta operación de corrupción vinculada con los pagos y recibos de sueldo. La operación en el seno de la fuerza que conduce el almirante Juan Carlos Romay se habría extendido desde 2022 hasta la actualidad e involucraría a unas 25 personas.

Cómo era la operación

La investigación comenzó en febrero de 2026, cuando se detectaron cinco casos de suplementos cobrados de manera irregular. Todo surgió a partir de la advertencia de una teniente que fue invitada a la operación pero se negó y advirtió a las autoridades.

A partir de allí, una auditoría revisó las liquidaciones de años anteriores y encontró diferencias entre los recibos de sueldo, las liquidaciones internas y los archivos enviados al Banco Nación.

Según la denuncia, el mecanismo consistía en modificar los montos de determinados pagos en los archivos enviados al banco y luego restituir los valores originales en el sistema de haberes. De esta manera, las diferencias no quedaban reflejadas en los recibos de sueldo.

La investigación detectó 645 acreditaciones irregulares por un total de $981.148.567,88, correspondientes a 23 personas entre 2022 y enero de 2026. Dentro de los casos analizados aparecen además cuatro personas que no tenían vínculo con la Armada y que recibieron en conjunto más de $434 millones a través de 184 acreditaciones.

Uno de los principales involucrados señalados en la investigación es el capitán de Navío Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista. Una de las beneficiarias investigadas es su esposa.

La Armada apartó preventivamente a los involucrados y modificó el circuito de pago para reforzar los controles. El caso quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar las responsabilidades y el alcance total de la maniobra.

Aunque la denuncia documentó operaciones por casi $981 millones, distintas estimaciones citadas por diversos medios señalaron que el perjuicio total estimado supera los $1.500 millones.