El Tribunal Oral Federal N° 5 resolvió este jueves separar el juzgamiento de las causas Hotesur y Los Sauces, expedientes en los que se encuentra imputada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a miembros de su familia y un grupo de empresarios. La magistratura concluyó que, debido a que las acusaciones persiguen objetos procesales diferentes, mantener un debate unificado provocaría un trámite burocrático que podría prolongarse por más de dos años.
Con esta reestructuración del cronograma, los jueces determinaron que el juicio por el caso Los Sauces se ponga en marcha el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10. En tanto, el proceso oral correspondiente a la causa Hotesur quedó agendado para el viernes 19 de marzo de 2027 en el mismo horario. Ambas instancias se desarrollarán bajo la modalidad presencial en las dependencias del tribunal federal.
La división de las actuaciones no modifica la plataforma de los requerimientos de elevación a juicio, los elementos probatorios ya aceptados ni las garantías constitucionales del derecho de defensa de los acusados.
Para fundamentar el desdoblamiento, los magistrados detallaron la complejidad logística del caso. Cada una de las causas cuenta con una nómina cercana a los 200 testigos particulares, registrándose una coincidencia parcial de poco más de 20 personas entre ambos listados. Bajo la estructura unificada que regía hasta el momento, los abogados defensores y las querellas con intervención en un solo expediente se veían forzados a presenciar extensas jornadas abocadas a analizar pruebas ajenas a sus representados.
Frente a esa distorsión, el tribunal argumentó en su resolución que esa dinámica “no fortalece el contradictorio: prolonga el juicio, dispersa la atención de las partes y multiplica las posibilidades de suspensión”.
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Los expedientes de Hotesur y Los Sauces habían sido objeto de un sobreseimiento firmado en 2021 por el propio TOF N° 5 en favor de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros imputados. Sin embargo, en 2023 la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa medida y ordenó la realización del juicio oral para determinar la responsabilidad penal en supuestas maniobras de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
En el caso Hotesur, la investigación apunta a presuntas maniobras de reciclaje de fondos ilícitos derivados de la concesión irregular de obra pública vial en Santa Cruz a las compañías pertenecientes al Grupo Báez.
Por su parte, en el expediente de Los Sauces, la hipótesis acusatoria sostiene que la firma inmobiliaria de la familia Kirchner facturó un total de $25.968.042,30 entre los años 2009 y 2016 en concepto de alquileres a empresas de los grupos Báez e Indalo. Dicha suma habría concentrado el 88% de los ingresos totales percibidos por la sociedad durante ese período.