La falta de chapas patente se transformó en una de las postales más visibles de la crisis administrativa que atraviesa el país. Desde mediados de 2023, miles de vehículos nuevos circulan sin identificación en grandes ciudades, a la espera de una resolución que se postergó por meses y que el Gobierno ahora promete concretar: a partir del 1° de septiembre, aseguran, el sistema será completamente normalizado.

El Ministerio de Justicia atribuyó el colapso del servicio a una combinación de factores: crisis económica, restricciones a las importaciones y una excesiva dependencia de un único proveedor estatal.

“Por primera vez en años, habrá stock asegurado en todo el país para responder a la creciente demanda de vehículos”, informaron desde la cartera que dirige Mariano Cúneo Libarona, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica).

La diputada había cuestionado con dureza la falta de respuestas oficiales: “El Estado no puede seguir fallando en cuestiones básicas que afectan la vida cotidiana. Es inadmisible que quienes hacen las cosas bien terminen perjudicados por la ineficiencia del Gobierno”, sostuvo.

En su descargo, la administración nacional aseguró haber habilitado proveedores privados mediante licitaciones, reforzado la logística y creado un nuevo esquema de distribución que ya permitió entregar casi 500.000 patentes desde mayo.

En paralelo, el Ejecutivo anunció que desde el 28 de julio los registros deberán informar en un plazo máximo de 48 horas cuándo estarán disponibles las chapas, y que los ciudadanos podrán consultar el estado de sus pedidos en la web de la DNRPA.

También se notificará a las fuerzas de seguridad para mejorar los controles viales en un contexto donde crece la circulación de autos sin patente, con riesgos para la seguridad y la trazabilidad del parque automotor.

La raíz del problema, sin embargo, tiene un trasfondo político. Sebastián Bravo, delegado de ATE en la Casa de la Moneda, denunció un “vaciamiento” del organismo estatal tras el cierre de la planta de Don Torcuato, clave en la producción de patentes.

El traspaso a la empresa Tönnjes Sudamericana S.A. fue presentado por el Gobierno como una solución para romper el “monopolio estatal”, pero desde el gremio aseguran que provocó más demoras y descoordinación. Incluso, acusan que muchas patentes fabricadas quedaron almacenadas sin ser entregadas.

La escasez se intensificó en 2024, año en que las ventas de autos 0 km alcanzaron niveles récord, según la Asociación de Concesionarios (ACARA). La situación afectó no solo a los compradores, sino también a la seguridad vial, al impedir la correcta identificación de los vehículos. Con septiembre en el horizonte, las promesas de solución llegan al filo de una crisis que dejó expuesta la fragilidad de los servicios básicos del Estado.