El destituido juez federal Walter Bento fue mencionado en un informe sobre Argentina que realizó el Departamento de Estado de Estados Unidos. Bento, que está detenido, atraviesa un debate oral en los tribunales federales de Mendoza porque se lo procesó por haber encabezado una asociación ilícita que cobraba coimas a presos federales.

El informe, en rigor, versa sobre los derechos humanos en el mundo, pero contiene un capítulo sobre la corrupción en el país durante el gobierno de Alberto Fernández, y se cita la condena que recibió la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

Entre las causas de corrupción, el Departamento de Estado menciona la causa Bento, como parte de las investigaciones que pesan sobre el mismo Poder Judicial.

El 26 de julio comenzó un juicio federal contra el ex juez federal Walter Bento, su familia y otros 29 acusados, entre ellos abogados y agentes de policía. El tribunal acusó a Bento de liderar una organización criminal con vínculos con el narcotráfico y fue acusado de lavado de dinero y de aceptar sobornos a cambio de clemencia y otros beneficios judiciales“, describió el informe del gobierno norteamericano.

También detalló que “el 8 de noviembre, Bento fue puesto en prisión preventiva tras perder los privilegios de inmunidad, cuando un jurado decidió destituirlo de su cargo por mal desempeño de sus funciones“.

Preocupación por la situación argentina

El informe elaborado por el área a cargo de Anthony Blinken menciona en primer lugar la causa Vialidad, por la que fue condenada Cristina a seis años de prisión, en el capítulo “Corrupción en el Gobierno”.

Fernández de Kirchner y nueve implicados (45 en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del plan de soborno en 160 millones de dólares. Fernández de Kirchner fue condenada y en diciembre de 2022 un tribunal de primera instancia la condenó a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos. La sentencia no sería definitiva hasta que se decidieran las apelaciones finales“, reseña el trabajo.

Con todo, el informe no menciona ningún caso puntual de corrupción en el gobierno de Fernández.

Sin embargo, si precisa que no hubo voluntad en la gestión kirchnerista para darle batalla a la corrupción.

La ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no la implementó de manera efectiva. Durante el año hubo numerosos informes de corrupción gubernamental. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción“, consideraron en la administración de Joe Biden, que escribió el prólogo del trabajo.