El Departamento de Estado de Estados Unidos describió a la Argentina como una economía “en transición” y destacó las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei para avanzar hacia un esquema más orientado al mercado. El informe hace mención especial a la primera privatización: la de Impsa, la histórica metalmecánica de Mendoza que volvió a manos privadas tras un rescate estatal.
El diagnóstico, incluido en el informe Investment Climate Statements 2026, también identifica una serie de obstáculos que todavía condicionan el clima de negocios: la sostenibilidad de la deuda, la inflación, los controles de capital, la elevada carga tributaria y las regulaciones laborales.
El documento analiza las condiciones para la inversión en distintos países y fue difundido en la antesala de la Argentina Week, que se realizará en París. Según el Departamento de Estado, Milei “ha revertido políticas intervencionistas” de la administración anterior y puso en marcha “reformas estructurales para posicionar a Argentina como una economía de mercado”.
Al mismo tiempo, el organismo estadounidense advierte que todavía quedan reformas y desequilibrios por resolver. Entre los principales desafíos menciona “la sostenibilidad de la deuda, la inflación persistente y el desmantelamiento total de los controles de capital”.
Uno de los principales aspectos destacados es la evolución de los precios. El informe señala que la inflación fue una de las prioridades del Gobierno desde el comienzo de la gestión y remarca que en 2025 bajó al 31,5%, frente al 117,8% registrado en 2024 y el 211,4% de 2023. El Departamento de Estado califica al resultado como el nivel más bajo en ocho años. También destaca el desempeño fiscal y señala que el Gobierno alcanzó un superávit primario de 1,4% y cerró el año con un presupuesto equilibrado por segundo período consecutivo.
El reporte también pone el foco en la política cambiaria. Destaca la implementación durante 2026 de un esquema de flotación dentro de bandas y el proceso de eliminación de las restricciones cambiarias. Según el documento, en abril de 2025 se produjo “el fin de la mayoría de los controles de capital y de cambio para individuos”, aunque todavía permanecen restricciones para determinadas operaciones empresariales, como el acceso al mercado cambiario para cancelar deuda comercial y financiera heredada y para girar dividendos.
El Gobierno tiene como objetivo eliminar los controles restantes hacia fines de 2026, aunque el propio informe señala que el momento y el alcance dependerán de las condiciones económicas.
Protestas y privatizaciones
En el plano político y social, el Departamento de Estado sostiene que las manifestaciones continúan siendo frecuentes en Buenos Aires y otras ciudades, aunque generalmente no representan, según su evaluación, un impedimento significativo para el clima de inversión. El reporte menciona las huelgas generales de abril de 2025 y febrero de 2026 y los enfrentamientos registrados durante las protestas contra la reforma laboral.
Al mismo tiempo, identifica una reducción en la conflictividad vinculada con los cortes de transporte. Según datos oficiales citados por el informe, la cantidad de protestas que interrumpieron las redes de transporte durante 2025 cayó a su nivel más bajo en 25 años.
El proceso de privatizaciones aparece con resultados dispares. El informe repasa el programa iniciado a partir de la Ley Bases y menciona el intento de vender el 100% de Intercargo, cuya licitación fue declarada desierta en julio de 2026 después de que no se recibieran ofertas válidas. En contraste, destaca la transferencia de la participación estatal en la empresa mendocina IMPSA a la estadounidense Arc Energy por US$27 millones, concretada en enero de 2025.
El diagnóstico estadounidense, en definitiva, presenta a la Argentina como una economía atravesada por un proceso de transformación, con avances en estabilización, apertura cambiaria y reformas estructurales, pero con desafíos todavía abiertos. Entre ellos aparecen la deuda, la inflación, los controles de capital que permanecen, la presión tributaria, las regulaciones laborales y las cuestiones institucionales que pueden incidir en las decisiones de inversión
FMI, reformas laborales e inversiones
El vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ocupa otro apartado relevante. El organismo estadounidense destaca el acuerdo de Facilidades Extendidas por US$20.000 millones firmado en 2025 y la aprobación, en mayo de 2026, de la segunda revisión del programa, que habilitó un desembolso adicional de aproximadamente US$1.000 millones. El FMI confirmó entonces que la revisión fue aprobada y destacó el avance en materia fiscal, cambiaria y de acumulación de reservas.
En materia de reformas, el Departamento de Estado menciona la Ley de Modernización Laboral, que modificó aspectos vinculados con las indemnizaciones, creó un Fondo de Asistencia Laboral y cambió disposiciones sobre jornada y relaciones laborales.
La ley fue sancionada en febrero de 2026 y publicada en marzo. El informe estadounidense también registra las impugnaciones judiciales que atravesó la reforma y las medidas cautelares que afectaron inicialmente parte de su aplicación.
A pesar de los cambios, el documento recoge las objeciones planteadas por empresas que operan en el país. Entre los principales obstáculos para la inversión identifica la “elevada carga tributaria” y las “rígidas leyes laborales”.
El diagnóstico también incorpora la cuestión institucional: cita evaluaciones de organismos internacionales que advierten sobre problemas relacionados con la corrupción, la protección de denunciantes, las vacantes judiciales y la percepción de falta de transparencia y confiabilidad en el sistema de Justicia.
El informe también destaca el acercamiento económico entre Argentina y Estados Unidos. Entre los avances menciona el Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversión (ARTI), orientado a reducir aranceles, ampliar la aceptación de estándares internacionales, proteger la propiedad intelectual y profundizar la cooperación económica. A esto suma el régimen de incentivos para grandes inversiones, conocido como “Super RIGI”, que busca atraer proyectos de gran escala en sectores como cobre, litio, energía nuclear, gas natural licuado y centros de datos vinculados con inteligencia artificial.