El Gobierno nacional obtuvo la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, pero el resultado dejó un sabor amargo en la Casa Rosada. El proyecto avanzó en general, aunque sin el capítulo que el oficialismo considera central para sostener su estrategia fiscal, lo que abrió un escenario que hasta hace días parecía improbable: la posibilidad de que el Presidente vete la ley si el Senado la aprueba.

El punto crítico fue el rechazo al capítulo que proponía derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de financiamiento universitario. Para el Gobierno, ese apartado era clave porque permitía —según su interpretación— garantizar el objetivo de déficit cero. Sin esas modificaciones, sostienen en Balcarce 50, el texto aprobado compromete el equilibrio fiscal y obliga al Ejecutivo a administrar un presupuesto que no responde a su programa económico.

Aunque en el oficialismo reconocen que el resultado era posible, el impacto político fue mayor al esperado. No solo por la derrota en un capítulo sensible, sino por el comportamiento de legisladores que responden a gobernadores con los que la Nación había mantenido negociaciones previas. En la Casa Rosada apuntan a mandatarios provinciales que, aun con advertencias anticipadas, terminaron votando en contra o habilitando votos negativos en el tramo más delicado del proyecto.

La lectura interna es más política que técnica. En el entorno presidencial interpretan que muchos sectores evitaron quedar asociados al costo de votar contra leyes vinculadas a discapacidad y universidades, aun cuando el Gobierno insiste en que generan obligaciones de gasto incompatibles con su política fiscal. Esa tensión explica el cambio de clima: de la expectativa por cerrar el año con un Presupuesto aprobado, a la certeza de que el texto actual no cumple con los objetivos oficiales.

Sin margen en el Senado

En el Congreso, el propio oficialismo admite que el margen de acción en el Senado es limitado. Dirigentes libertarios reconocen que no cuentan con los votos necesarios para reincorporar el capítulo rechazado en Diputados y que insistir con ese camino podría derivar en un nuevo traspié. La idea de que la Cámara Alta corrija lo ocurrido en Diputados perdió fuerza apenas terminó la sesión.

Frente a ese escenario, el Gobierno evalúa distintas alternativas. Una es demorar el tratamiento del Presupuesto y priorizar la reforma laboral, otra es intentar modificaciones que obliguen a que el proyecto vuelva a Diputados. Sin embargo, ninguna de esas opciones garantiza un resultado favorable. Por eso, en el oficialismo ya no descartan el veto presidencial como una salida posible para evitar convalidar un esquema de gasto que consideran incompatible con el déficit cero.

La decisión no está exenta de riesgos. Funcionarios y aliados advierten que llegar a 2026 sin un presupuesto aprobado podría generar incertidumbre, en un contexto en el que el Ministerio de Economía busca recuperar acceso al financiamiento externo. A diferencia de los últimos dos años, esta vez el Ejecutivo sí pretendía contar con una ley de presupuesto que le diera previsibilidad al gasto y a las cuentas públicas.

Tensiones políticas y desgaste con los aliados

La sesión dejó además secuelas políticas. El vínculo con el PRO quedó tensionado tras la votación de las autoridades de la Auditoría General de la Nación, que el bloque amarillo considera inconstitucional y anunció que llevará a la Justicia. Desde ese espacio adelantaron que no volverán a facilitar el quórum y que solo acompañarán los proyectos que decidan explícitamente respaldar.

También quedaron expuestas diferencias internas en el oficialismo y entre sus socios parlamentarios. Hubo cuestionamientos a la estrategia legislativa, al manejo de las negociaciones con las provincias y a las concesiones realizadas en la previa de la sesión. Aunque en la cúpula del poder buscan minimizar el conflicto y presentarlo como parte de un proceso de aprendizaje, el episodio evidenció límites en la capacidad de coordinación política del Gobierno.

Por ahora, el Ejecutivo ganó tiempo, pero perdió certidumbre. El Presupuesto 2026, que debía consolidar en el Congreso la hoja de ruta económica del Gobierno, quedó atrapado entre la necesidad política de aprobarlo y la decisión de no avalar un texto que, según la mirada oficial, contradice su principal bandera fiscal. Febrero aparece en el horizonte como la próxima instancia de definición, con el veto presidencial como una opción que ya nadie descarta.