El Gobierno nacional intensificó su ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro al solicitar la detención de los principales líderes venezolanos. La canciller Diana Mondino firmó una solicitud dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI) para que se emitan órdenes de arresto contra el presidente del país bolivariano y otros responsables por violaciones a los derechos humanos, agravadas tras las fraudulentas elecciones de julio de este año.
El pedido se basa en el artículo 58 del Estatuto de Roma, que permite la detención cuando existen motivos razonables de que se han cometido crímenes de la competencia de la CPI.
Esta medida marca un paso más en la postura del Ejecutivo argentino respecto a la crisis política, económica y social en Venezuela. En abril, la Justicia argentina reabrió una causa contra el gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad, apoyándose en el principio de jurisdicción universal. La decisión llegó tras la reinserción del país a la causa impulsada en 2018 por varios países de la región, luego de que la administración de Alberto Fernández se retirara en 2021.
Orden de detención contra Maduro y otros cabecillas del régimen venezolano: exhortación al Fiscal de la Corte Penal Internacional
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) September 6, 2024
Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que… pic.twitter.com/UbVnUgCbda
El arresto solicitado no solo se relaciona con violaciones previas a los derechos humanos, sino también con nuevos episodios tras las elecciones en Venezuela, según afirmaron fuentes oficiales. La demanda había sido presentada inicialmente por varios países, entre ellos Canadá y Chile, para investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista.
Este avance diplomático de la administración Milei generó tensión en las relaciones bilaterales. El régimen de Maduro ya expulsó a los diplomáticos argentinos y Brasil asumió la representación de los intereses argentinos en Venezuela, en un contexto que recuerda a la Guerra de Malvinas.
La ofensiva argentina también se reflejó en otros foros internacionales, como el Consenso de Brasilia y la CELAC, donde Argentina propuso la inclusión de una cláusula democrática que podría llevar a la expulsión de países que no respeten estos principios. La delegación argentina dejó en claro su postura en cuanto a la situación política y de derechos humanos en Venezuela, buscando sumar apoyo en la región.
El informe de la OEA, que sustenta la denuncia, documenta un patrón sistemático de abusos en Venezuela, incluyendo detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y persecuciones políticas. Los números son alarmantes: más de 8.000 ejecuciones y más de 12.000 detenciones arbitrarias desde que Maduro asumió el poder.
Fuente: con información de Infobae.