El Gobierno nacional aceleró las negociaciones para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el número 23 en los últimos 70 años.
A través de un decreto, la administración de Javier Milei formalizó la autorización para avanzar en las discusiones con el organismo, en un proceso que ya lleva casi cuatro meses. Aunque el marco general de la negociación está definido, aún resta acordar los detalles técnicos y ordenar la revisión del Congreso.
La intención del Ejecutivo es alcanzar un consenso antes de fines de abril, con la aprobación del Directorio del FMI. El esquema en discusión incluiría una reprogramación de pagos y un nuevo financiamiento, cuyo monto aún no fue precisado, pero que rondaría entre 20.000 y 25.000 millones de dólares.
Parte de esos fondos se destinaría a reforzar las reservas del Banco Central mediante la recompra de Letras Intransferibles.
El decreto establece que el acuerdo prevé un período de gracia de cuatro años y medio, junto con un alivio en el calendario de pagos de capital. Sin embargo, no detalla el monto exacto del financiamiento adicional.
Según estimaciones privadas, solo para cubrir el primer vencimiento de Letras Intransferibles en junio, por USD 10.000 millones, el Gobierno necesitaría al menos USD 3.000 millones. En total, el Banco Central registra pasivos por USD 23.000 millones en estos instrumentos, lo que plantea dudas sobre el alcance del alivio financiero que podría otorgar al FMI.
Otro punto clave es el costo del nuevo acuerdo. De acuerdo con proyecciones de Romano Group, la tasa de interés se ubicaría en torno al 6,47% anual, tras la última modificación de las condiciones del FMI en octubre pasado.
En el plano político, el decreto generó cuestionamientos. El exministro de Economía Martín Guzmán acusó al Gobierno de “eludir al Congreso” y evitar el debate legislativo sobre la renegociación de la deuda con el FMI. “Emitieron un DNU porque no tienen apoyo en el Senado. Esto puede traer problemas en el futuro, ya que el Fondo exige un respaldo político amplio para otorgar financiamiento”, advirtió.
Por su parte, el exdirector argentino ante el FMI Héctor Torres destacó que el organismo respetará el procedimiento elegido por el Gobierno, siempre que se garantiza la legalidad de la deuda. No obstante, anticipó que el acuerdo podría incluir restricciones para evitar que los diseños sean utilizados para intervenir en el mercado cambiario.
El diseño de las negociaciones en Washington y su impacto en la economía local dependerán no solo de la letra final del acuerdo, sino también del respaldo político que logre el Gobierno para su implementación.