El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su respaldo a las medidas que impulsa el Gobierno argentino para incentivar el uso de dólares no declarados que permanecen fuera del sistema financiero, aunque subrayó la necesidad de que toda iniciativa se ajuste a los estándares internacionales de control contra el lavado de dinero.

Así lo indicó la vocera del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves en Washington.

“Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos en este tema y, por supuesto, el equipo estará listo para brindar una evaluación a su debido tiempo“, señaló Kozack al ser consultada por el medio especializado en economía Ámbito.

El mensaje fue interpretado como un guiño al plan del Ejecutivo nacional para atraer los dólares “bajo el colchón”, sin recurrir a un blanqueo formal pero sí mediante mecanismos que promuevan su incorporación voluntaria al sistema.

La funcionaria del FMI destacó que las autoridades argentinas “se han comprometido a fortalecer la transparencia financiera y también a alinear el marco de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT) con los estándares internacionales”.

En ese sentido, aclaró que cualquier medida que busque promover el uso de activos no declarados “debe, por supuesto, ser coherente con estos compromisos importantes”.

El respaldo del organismo se da en un contexto favorable para el Gobierno de Javier Milei, que en abril firmó un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el FMI por 20.000 millones de dólares.

El programa se extenderá por 48 meses, con 10 años para repagar el crédito y un período de gracia de 4 años y medio. Entre los puntos centrales, se incluye la flexibilización del régimen cambiario y una desregulación progresiva de la economía.

“El Fondo continúa apoyando a las autoridades en sus esfuerzos por crear una Argentina más estable y próspera”, afirmó Kozack, quien elogió los resultados obtenidos por la actual administración y anticipó que la primera revisión formal del programa servirá para “evaluar el progreso y considerar políticas que aseguren una estabilidad y crecimiento duraderos”.