El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires declaró culpable al músico Cristian “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018.
Los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro encontraron al frontman de Viejas Locas e Intoxicados penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego. No obstante, el tribunal resolvió que el cantante cumpla la sentencia bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Previo a que los magistrados dieran a conocer el veredicto, Álvarez participó de manera remota -mediante la plataforma Zoom- en la audiencia final del debate oral para pronunciar sus últimas palabras. En esa instancia, el músico cuestionó la postura del Ministerio Público Fiscal: dijo que le “pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal”.
Al intentar contextualizar el episodio por el cual llegó a juicio, el imputado se refirió a su situación personal al momento del crimen. “Me senté ahí, di una declaración amplia de lo que pasó. No empecé por el hecho, sino un poco antes, para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal”, explicó ante el tribunal.
Finalmente, cerró su breve intervención delegando la resolución en los jueces: “Me pareció excesivo. Dejo en manos de la Justicia los alegatos del excelentísimo tribunal. No tengo nada más para decir”.
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Un supermercado chino de la localidad bonaerense de Benavídez fue escenario de un episodio de abuso sexual que terminó con su dueño detenido y el comercio saqueado por un grupo de vecinos. La víctima es un chico de 11 años, hijo…
Durante la etapa de alegatos finales, las partes acusadoras habían mantenido posturas divergentes respecto al monto y la modalidad de cumplimiento de la pena.
Por un lado, el fiscal Sandro Abraldes había reclamado una condena de 18 años y 6 meses de prisión efectiva. Para fundamentar su pedido, el representante del Ministerio Público sostuvo que Álvarez comprendía perfectamente la criminalidad de sus actos al momento del disparo y descartó de plano la hipótesis de que hubiera actuado en legítima defensa.
Por otra parte, la querella había solicitado una pena menor, de 11 años y dos meses, bajo el régimen de arresto domiciliario y con autorización de salidas.
