El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este martes que los haberes jubilatorios se van a “recomponer” por medio de un decreto, “a la espera de un nuevo mecanismo” que reemplace la actual ley de Movilidad.
Adorni formuló el anuncio en su habitual conferencia de prensa matutina ofrecida en la Casa Rosada, en la que reiteró que, por el efecto de la inflación, la aplicación de la Ley de Movilidad le representaría a los jubilados “una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 40%” en un trimestre.
“Eso no lo podíamos permitir”, aseveró, al tiempo que remarcó que “haber echado por tierra la ley de Movilidad no es contra los jubilados sino para evitar que la inflación les termine por despedazar el ingreso”.
Al respecto, aclaró que “lo que se va a hacer es recomponer esos salarios a través de decreto, porque no tenemos fórmula jubilatoria”, si bien la normativa aún se encuentra vigente ya que no fue derogada ni suspendida por ningún acto administrativo.
“La idea es terminar con eso, a la espera de un nuevo mecanismo que no dependa de un decreto ni de la firma de un funcionario, pero claramente van a tener una recomposición”, manifestó.
Por otra parte, Adorni envió un mensaje a los legisladores que tratarán el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que anunció el presidente Javier Milei la semana pasada y el paquete de leyes impulsado por el Ejecutivo para discutir en sesiones extraordinarias.
“Los diputados y senadores deberán elegir entre acompañar lo que ha votado la gente, el cambio, esta argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado, o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda a esto que la mayoría de la gente queremos”, sostuvo Adorni. Y agregó: “Apelamos a la buena voluntad y que estén a la altura de las circunstancias en el marco de urgencia en el que estamos inmersos todos los argentinos”.
Asimismo, el vocero presidencial confirmó que el Gobierno inició una auditoría de todos los planes Potenciar Trabajo con el objetivo de detectar anomalías y designaciones “sin justificación”.
“Las irregularidades que hay son múltiples”, justificó el portavoz. En tal sentido, mencionó que “se acreditó la identidad de más de 8.000 personas que cobraron y tenían una relación laboral con alguna dependencia del Estado, además hay 160.000 beneficiarios que habían tenido consumos sin concordancia con alguien que cobra un plan, como viajes al exterior”.