La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal avanzó en la etapa de ejecución de la sentencia en la causa Vialidad al ordenar la tasación y eventual remate de bienes vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez y varias firmas asociadas a la obra pública. El objetivo es cubrir el decomiso fijado en $684 mil millones, una de las cifras más altas dispuestas por la Justicia en un expediente por corrupción.
El fallo establece que, si los activos inicialmente identificados —incluidas las empresas Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L.— no alcanzan para cubrir el monto total, se deberá avanzar también sobre los bienes de otros condenados en la causa. En ese listado figuran ex funcionarios como José López y Nelson Periotti, entre otros. Además, la resolución habilita al Ministerio Público Fiscal a seguir identificando nuevos bienes durante el proceso de ejecución.
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La medida delega en el Tribunal Oral Federal 2 la implementación del procedimiento, que deberá ajustarse a lo dispuesto por la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema. Ese reglamento establece los mecanismos para la administración y liquidación de bienes decomisados, incluyendo su subasta pública y el depósito de los fondos obtenidos en cuentas del máximo tribunal.
En paralelo, fuentes judiciales advierten que el proceso podría enfrentar demoras. Las defensas de los condenados prevén presentar recursos extraordinarios ante la propia Cámara de Casación y, en caso de rechazo, recurrir en queja ante la Corte Suprema. Ese recorrido procesal podría suspender o dilatar la ejecución efectiva del decomiso.
El esquema también contempla destinos alternativos para los bienes, especialmente aquellos con valor social o utilidad inmediata. En esos casos, podrán ser asignados de forma provisoria a organismos judiciales, fuerzas de seguridad o programas vinculados a asistencia social, salud o educación. La Agencia de Administración de Bienes del Estado intervendrá en la gestión, conservación y eventual subasta de los activos recuperados.