Amado Boudou
Amado Boudou

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó en un decreto dado a conocer este domingo la quita de la jubilación de privilegio al ex vicepresidente Amado Boudou. La medida oficializa la eliminación de beneficios similares para otros exfuncionarios condenados por corrupción que anunció el Gobierno, apuntando principalmente contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Amado Boudou, quien fue vicepresidente entre 2011 y 2015 y anteriormente ministro de Economía, recibió en 2020 la ratificación de su condena a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso Ciccone, tras el rechazo de la Corte Suprema a sus recursos. Actualmente, Boudou cumple su pena en prisión domiciliaria.

La resolución que revoca la pensión de Boudou llegó tras una revisión más amplia de las jubilaciones y pensiones vitalicias concedidas a exmandatarios y funcionarios de alto rango. En su caso, Boudou recibía $6.814.272 mensuales por sus 1,461 días como vicepresidente.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 4, que lo condenaron inicialmente, también lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos y ordenaron su inmediata detención tras demostrar la compra irregular de la imprenta Ciccone a través de la empresa The Old Fund, representada por el empresario Alejandro Vandenbroele.

En una conferencia de prensa previa, el vocero presidencial Manuel Adorni explicó que las pensiones otorgadas bajo la Ley 24.018 no tienen carácter contributivo, es decir, no provienen de aportes directos del beneficiario, sino que son un reconocimiento al mérito y buen desempeño. “La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa Vialidad por administración fraudulenta, lo que contradice los principios de honor y mérito”, destacó.

Adorni subrayó que la gestión actual busca devolver el sentido común a la administración pública, asegurando que no se destinen fondos a personas condenadas por corrupción. “Esto es parte de un compromiso de la presidencia de Milei de proteger la dignidad y el honor de los argentinos”, concluyó.