La Fiscalía de Venezuela solicitó a un juzgado especializado en delitos de “terrorismo” que emita “orden de aprensión” en contra del líder opositor Edmundo González Urrutia por su “presunta comisión de delitos de usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, porque publicó actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que el régimen de Nicolás Maduro asegura haber triunfado sin mostrar resultados transparentes.

La solicitud se hace después de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones y el opositor decidiera no presentarse, al desconocer en calidad de qué debía comparecer y al no reconocer los delitos que el Ministerio Público (MP) le atribuye. El órgano está a cargo de Tarek William Saa, reconocido por su afiliación al chavismo.

El Ministerio Público difundió en Instagram la orden, en la que se especifica que una vez realizada la aprehensión “deberán ponerlo inmediatamente a disposición” del ente fiscal, que, a su vez, “deberá presentarlo ante (el tribunal) dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión”.

El excandidato está señalado por el Estado venezolano por, presuntamente, haber cometido los delitos “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”.

La investigación a González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web en la que la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura haber cargado “el 83,5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales.

La PUD divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de “falsas”, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que se cuestiona por parte de numerosos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen.

El jueves, cuando se hizo pública la tercera boleta de citación, la Fiscalía advirtió que, de no asistir nuevamente, sería “librada una orden de aprehensión respectiva” al considerar que se “encuentra en presencia de peligro de fuga”.