La principal pareja política del país, la que tiene como responsabilidad conducir los destinos de la Nación y la administración del Estado por cuatro años, no se habla.
No es una cuestión de diferencias maritales. Nos referimos a otro tipo de relación que, dos años después de haber asumido al frente del Gobierno y el Senado de la Nación, está marcada por la distancia y las diferencias. Justo en el “mejor” momento, cuando se intenta dejar atrás una pandemia que agravó los problemas y, como si fuera poco, una economía que va de mal en peor porque no se puede domar la inflación.
En este escenario, el presidente y la vicepresidenta prácticamente tienen roto el vínculo, lo que implica un problema para la institucionalidad. Estamos ante la fractura de la coalición de gobierno y, en el mar de conflictos que tiene el país, hay incertidumbre sobre cómo se podrán resolver estos problemas con las internas que hay.
Porque la división por la deuda y el acuerdo con el FMI sólo terminaron exhibiendo las profundas diferencias que había y que asemejan a lo ocurrido con la Alianza en el 2001, fundamentalmente, a causa de que no hay detrás un proyecto en común. La pregunta es cuánto daño puede generar este quiebre y cuánto puede extenderse, porque lo que afectaría sería, precisamente, las decisiones de cuestiones urgentes a resolver, como la inflación. Y otra interrogante no menor: cómo se resolvería en el marco de la tensión interna del oficialismo, si es que esta convivencia forzada, a estas alturas, no decide un divorcio que implique un cimbronazo hacia abajo.