Cada oficialismo necesita, a su vez, de una contrafuerza que permita el balance no sólo de poder, sino también el control de los actos políticos y decisiones que se toman desde un gobierno. En Mendoza, las sucesivas elecciones han determinado que el peronismo ocupe esa responsabilidad institucional. La cuestión es que, hoy, la principal fuerza opositora está en crisis y con la mirada expectante de lo que puede ocurrir en la puja entre la Casa Rosada y el kirchnerismo duro.
La capacidad del justicialismo se ha reducido a los espasmos, con lo que busca marcarle la cancha al oficialismo. A veces a destiempo, a veces con más teatro, lo concreto es que ha dejado de traducirse en una opción electoral mientras el oficialismo se ha ido consolidando. De igual forma, da cuenta de que su conducción no ha sabido dar contención a los sectores tradicionales del PJ y esto puede perjudicar el trabajo legislativo. También es cierto que todavía paga las cuentas de sus propios errores, cuando le tocó gobernar durante dos períodos consecutivos y con funcionarios que hoy tienen que responder ante la Justicia. No es poco en un universo local donde los políticos locales no suelen pasar por Tribunales.
La discusión que se ha dado es un reflejo de lo que está ocurriendo a nivel nacional, bajo la incertidumbre de no saber cómo se resolverá. Pero si en ese plano complica la institucionalidad por los constantes choques que se observan, en Mendoza lo que se pierde a su vez es la calidad de ese equilibrio, ya que una oposición sin orden tiende al manotazo de ahogado. Esto también puede ser un problema en una provincia donde se ha visto como mérito el hecho de no tener reelección.