Años atrás, una de las organizaciones de Derechos Humanos con más historia del país estuvo involucrada en uno de los hechos de corrupción que marcaron la segunda presidencia de Cristina Kirchner por el desvío de fondos para viviendas sociales. Otra agrupación política con base territorial en Jujuy también quedó bajo la lupa de la Justicia porque recibió fondos millonarios y las casas no se terminaron.
Claramente, lo que falló ahí fueron los controles en su momento, aunque, de primera, la pregunta es por qué, quienes tuvieron a cargo la administración del Estado y sus recursos, decidieron destinar esos fondos a través de organizaciones políticas.
La historia se reitera. Ahora, el Gobierno nacional les otorgará millones de pesos a los movimientos sociales. Podría haberse dado una alternativa y que, quienes reciben la asistencia del Estado puedan ser contratados por las empresas. Pero no, se decidió un nuevo mecanismo que generará más sospechas que otra cosa.
De entrada, serán los líderes de estos movimientos quienes elijan qué cooperativas podrán participar y recibir los fondos. En otras palabras, puede decirse que están de los dos lados del mostrador: pagan acá y la misma mano recibe por allá. Tampoco está claro qué proyectos de obra pública quedarán adelante y qué se les exigirá en términos técnicos. Es decir: una iniciativa que es un agujero negro en un país que necesita generar trabajo, pero que sólo produce una nueva forma de clientelismo político.