La tensión política atraviesa este país desde el café a la Legislatura, desde la mesa del domingo en familia a uno de los ámbitos más importantes del funcionamiento de un Estado, que es la Justicia. En la Suprema Corte, la cúpula del Poder Judicial de esta provincia, también hay diferencias que se han marcado con mayor o menor tono desde lo jurídico. Es que los supremos no salieron de un repollo; por el contrario, algunos llegaron luego de haber sido funcionarios clave de una gestión. Y ahí también se libran batallas. Con este marco, hay un proyecto del Ejecutivo para reformular el funcionamiento de este cuerpo que define, en última instancia a nivel local, las causas donde se discuta la validez constitucional de una norma, como lo fueron, nada menos, el ítem aula o la ley minera 7.722.
Con esos ejemplos está claro que lo que se necesita es que el servicio de justicia no sólo actúe con celeridad ante la demanda de la sociedad, sino también con transparencia en su ejercicio. Las contradicciones políticas no pueden prevalecer por sobre los argumentos jurídicos. Y su funcionamiento no puede generar especulaciones para saber si conviene más un juez que otro. No es menor, tampoco, que, por las circunstancias históricas, la conformación actual del tribunal supremo haya quedado con una mayoría especial. Las sentencias que se dictan en esa instancia tienen consecuencias para la vida de los mendocinos. No pueden estar atadas al partidismo extrajudicial.